Francisco Díaz, inevstigador senior de Cieplan, publicó un artículo en la revista Humanum, del PNUD, donde analiza los elementos que amenzan la cohesión social en América Latina, siendo la delincuencia uno de los más apremiantes, incluso en los países más avanzados de la Región.
Cada año, más de 200 millones de latinoamericanos son víctimas de algún acto delictivo, siendo las tasas de criminalidad en América Latina las más altas del mundo. Mientras Europa o América del Norte presentan tasas de homicidios dolosos inferiores a 4 por cada 100.000 habitantes, el promedio en el Caribe y en América del Sur sobrepasa los 18, a la vez que el promedio de América Central y México sobrepasa los 25.
En los últimos años, además, se ha producido un alarmante recrudecimiento de la violencia en diversos países. En países como El Salvador, Guatemala, Honduras o Venezuela, la tasa de homicidios sobrepasa los 40 por 100.000, mostrando un fuerte crecimiento en la última década. El fenómeno se extiende y agrava en territorios específicos dentro de países como México, Brasil o Colombia. En los países considerados “seguros”, como Argentina, Perú, Chile o Uruguay, la delincuencia está dentro de las principales preocupaciones de los ciudadanos. E incluso en esos lugares, determinados barrios al interior de las grandes ciudades presentan índices de temor y cifras de criminalidad significativamente más altas que en el resto del país. Poco a poco, también, en algunos países comienza a observarse bandas delictuales de alta sofisticación en su organización y logística, las que comienzan a ejercer control físico sobre determinados barrios y territorios. El secuestro, la extorsión o el cobro de rentas a cambio de protección, se han hecho práctica frecuente en numerosos territorios de nuestra región.
Como apunta el PNUD en su informe del año 2010, Nuestra Democracia, el “déficit de estatalidad” es extremo. La ineficacia del Estado para controlar el orden hace que se pierda confianza en la autoridad, que no se denuncien los hechos delictivos y que se genere, incluso, una tendencia a privatizar la seguridad pública, que va desde la proliferación de empresas privadas de seguridad, hasta la poco civilizada práctica del linchamiento y la venganza. En ocasiones, la reacción gubernamental deja las cosas peor: operaciones policiales semi-militarizadas donde se vulneran los derechos civiles de las personas, así como enfrentamientos armados donde muchas veces terminan muriendo ciudadanos inocentes. Todo ello provoca un evidente y creciente fenómeno de desintegración social, debilitándose de esa forma la cohesión de la comunidad.
La ineficacia del Estado para controlar el orden hace que se pierda confianza en la autoridad, que no se denuncien los hechos delictivos y que se genere, incluso, una tendencia a privatizar la seguridad pública
¿Cómo enfrentar este fenómeno? ¿Cómo detener su crecimiento y extensión? ¿Por dónde empezar a atacar el problema? Un temor fundado recorre el pensamiento de todos: el crimen en América Latina está debilitando fuertemente los lazos mínimos que unen a las sociedades. La legitimidad democrática, la observancia de las leyes, la fortaleza de las instituciones estatales y el funcionamiento de los mercados pueden colocarse en jaque producto de la violencia delictual, a la vez que se deterioran gravemente los vínculos comunitarios entre los individuos y la confianza general en la sociedad. Pero al mismo tiempo, una intuición se hace cada vez más compartida: el simple enfoque de la represión y el castigo del delito no es la solución de fondo que requiere este verdadero drama social que aqueja a millones de latinoamericanos.
En Chile, la Corporación de Estudios para Latinoamérica, CIEPLAN, presentará durante el mes de junio de 2012, el libro “Violencia y Cohesión Social en América Latina”, donde se recogen una serie de estudios de expertos en esta materia. Este libro es la culminación de un trabajo de casi dos años, donde CIEPLAN colocó el tema de la seguridad al centro de una agenda de políticas públicas en materia de cohesión social. Ello significó una importante novedad en la investigación de este tradicional centro de estudios. En efecto, CIEPLAN nació a fines de los años 70 como un think tank dedicado eminentemente al estudio de temas económicos. A partir de los años 80, agregó a su agenda el estudio de las políticas sociales. Luego, embarcado Chile en el proceso de transición de la dictadura hacia fines de esa década e inicios de los 90, CIEPLAN se abocó también al análisis de la consolidación de las instituciones democráticas.
La cohesión social ingresó en la agenda de CIEPLAN durante los años 2000. Primeramente, se realizó un ejercicio de conceptualización de la cohesión social. ¿Son distintas las fuentes de la cohesión social en América latina de lo que son en el modelo estadounidense o en el modelo europeo? Descubrir esa especificidad fue el propósito central de dicho esfuerzo. Y efectivamente, la cohesión social en América latina, es decir, aquel cemento que mantiene unida a nuestras sociedades a través de la atribución de bienes materiales y simbólicos a los ciudadanos, y que le permite a la sociedad adaptarse a los cambios sin graves disrupciones, tiene fuentes muy distintas a las que pueden existir en otros continentes. En nuestra región, la familia, la nación y la esperanza de progreso de la gente, actúan como los principales motores de cohesión. Por el otro lado, la desigualdad y la delincuencia son las principales amenazas a la vida en comunidad.
Por ello la necesidad de plantearse el tema desde diversas perspectivas, que incluyera la visión de toda la región. Los trabajos encargados a expertos de distintos países, más la elaboración teórica desarrollada por los investigadores de CIEPLAN, fue puesta en debate en seis talleres de discusión en cinco países de la región, realizados entre 2010 y 2011, junto a académicos, autoridades, policy-makers y representantes de la sociedad civil de cada país.
Como podrá apreciar el lector, en el libro no se habla tanto de policías como de democracia. No se habla tanto de represión como de integración social. Se habla de inequidad territorial, de educación, de los jóvenes “NiNis”. Y se alerta acerca del populismo penal, aquella inflación discursiva que atenta contra la formulación de buenas políticas públicas en materia de seguridad. En resumen, el libro propone que la política pública en materia de seguridad debe asumir una óptica multisectorial, que comprendiendo la gravedad y urgencia del problema, proponga medidas de mediano y largo plazo, especialmente en materia de determinantes sociales y territoriales. Solo de esa manera, creemos, se podrá enfrentar el fenómeno en su globalidad.
Fuente: Revista Humanunm (PNUD)