Autor: Alejandro Foxley
Fuente: La Tercera

La aprobación por la Cámara de Diputados de la reforma tributaria propuesta por la Presidenta Bachelet es un significativo paso adelante en el objetivo de su gobierno de reducir las desigualdades en el país y de instalar un sistema tributario más equitativo. Su meta de recaudar a través de esta reforma un 3% del PIB representa una meta deseable y factible. 

Concordamos, además, con las ideas fuerza del proyecto: elevar el impuesto a las empresas del 20 al 25%, reducir la tasa máxima a las personas del 40 al 35%, eliminar el FUT, restringir el régimen de renta presunta, reducir evasión y elusión y subir algunos impuestos específicos como el del disel por su efecto contaminante y distorsionador si se le compara con la tasa que afecta a la gasolina.

El proyecto pasa ahora a discusión en el Senado.

Sin duda que su contenido específico se enriquecerá en la Cámara Alta, manteniendo sus objetivos fundamentales. Hay dos dimensiones, sin embargo, que nos parecen fundamentales considerar en esta etapa, La primera es que la reforma facilite y estimule el ahorro.

La segunda es que su tramitación avance en un ejercicio de búsqueda de consensos amplios, como una manera de fortalecer la idea que esta lucha por una mayor igualdad, es compartida ampliamente como un objetivo nacional permanente, que debe sostenerse más allá del actual período presidencial.

Respecto de los estímulos al ahorro, la discusión hasta ahora se ha centrado en si acaso la eliminación del FUT afectará negativamente el ahorro de las empresas, y consiguientemente de su inversión. Hay alternativas técnicas, una vez eliminado el FUT, que pueden evitar un impacto negativo en el ahorro de las empresas, las que sin duda se presentarán y discutirán ampliamente por el Senado, incluyendo un trato especial para favorecer el ahorro e inversión de las PYMEs. 

El tema que ha recibido menos atención es el del ahorro de las personas. Es crítico que en esta etapa del desarrollo de la economía y sociedad chilenas, el ahorro de las personas y familias se facilite y se estimule. La razón es de carácter estructural. 

El alto crecimiento de la economía chilena en décadas recientes y la fuerte reducción de la pobreza, ha ampliado enormemente su clase media. Esta representa hoy algo más del 80% de la población. La mitad de la clase media, es decir unos 6 millones de personas, han sido definidas como una clase media vulnerable. Estudios demuestran que un tercio de estas familias podrían volver a caer en la pobreza. 

La vulnerabilidad consiste en que las familias en este segmento viven una inseguridad económica persistente. Deben afrontar gastos que a menudo son superiores a sus ingresos presentes, lo que no encuentra otra salida que un fuerte endeudamiento. Estos desajustes se agravan ante cualquier evento inesperado, como una enfermedad grave, el desempleo del jefe de hogar, o la necesidad de anticipar a tiempo la fuerte reducción de ingresos que implica la jubilación cuando se es cotizante de una AFP.

Por todas estas razones es que las familias de clase media tratan de hacer un esfuerzo permanente para ahorrar. Es la forma de segurizarse ante shocks inesperados, o esperados como es la jubilación ¿De qué formas de ahorro disponen esas familias? La primera y más importante es la vivienda, aquella en que se vive, o la que se ha adquirido como resguardo ante bajas sostenidas en los ingresos a futuro. La segunda es la inversión en cuentas de ahorro, o en instrumentos financieros de bajo riesgo. Un objetivo prioritario de la reforma tributaria debería ser facilitar e incluso abrir más alternativas al esfuerzo de ahorro de las familias de clase media. 

En el trasfondo de lo que viene está un tema de economía política: ¿cuál es el proceso a través del cual se busca obtener la aprobación de la reforma tributaria en sus próximos trámites legislativos? Lo aconsejable ante reformas de esta envergadura es el camino de diálogos amplios y persistentes con todos los sectores, sin modificar el núcleo de lo que se desea pero abiertos a incorporar otros puntos de vista. 

Las reformas estructurales que la Presidenta Bachelet ha propuesto al país son profundas y numerosas y merecen, por el bien del país y su futuro, que el mayor número de personas y actores sociales, políticos, y del ámbito económico sientan que serán parte de la solución y no del problema. Eso asegurará su éxito y su permanencia en el tiempo.

Obviamente habrá quienes se niegan al diálogo y a buscar acuerdos. Ello ya ha ocurrido con el grueso de los partidos de derecha, donde parece haber prevalecido la vieja práctica de la política confrontacional, lo que Albert Hirschman llamó la retórica de la intransigencia.

Pero aún en ese escenario inicial, apostar por parte del gobierno a los acuerdos, encontrará un eco positivo, tal vez impensado inicialmente, en la opinión pública. Ella será la que presionará a políticos y parlamentarios a que faciliten otras reformas propuestas por la Presidenta Bachelet que el país necesita con urgencia para no caer en “la trampa de los países del ingreso medio”.

Lo que está en juego es un tránsito exitoso hacia una democracia estable, menos desigual y con un ancho camino abierto a su gente más creativa y emprendedora. 

Fuente: La Tercera

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