El director ejecutivo de Cieplan, Patricio Meller, es parte de un equipo transversal que entregó al gobierno chileno una nueva propuesta de política minera.
El objetivo del informe es potenciar el desarrollo minero para contribuir al progreso económico, inclusivo y sostenible del país.
En el equipo participaron representantes del mundo empresarial, académico, político y social que trabajaron durante un año en la elaboración del documento llamado «Minería y Desarrollo Sostenible de Chile, Hacia una Nueva Visión Compartida».
Entre ellos está el ex Presidente Ricardo Lagos; los ex ministros de Economía Alvaro García y Juan Andrés Fontaine; el presidente de Colbún, Bernardo Larraín; el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Rolando Humire; el ex director de Codelco Jorge Bande; el presidente de la FTC, Raimundo Espinoza; el presidente de Antofagasta Minerals, Jean Paul Luksic y el director ejecutivo de Cieplan.
La propuesta plantea que el Estado asuma un rol central como planificador, regulador y articulador de una estrategia que lleve a la minería del país a ser parte de las cadenas globales de valor.
Para ello, sugiere la creación de una institución público-privada que coordine y motive a los distintos actores a moverse de acuerdo a dicha estrategia.
En este sentido, propone que el foco sea el desarrollo de proveedores de la minería intensivos en conocimiento.
Respecto a Codelco sugiere un programa de capitalización que incluya financiamiento más allá de dos años, con flexibilidad de gestión y acceso a recursos de diversas fuentes. Agrega además que se debe proteger su valor patrimonial resguardando los derechos laborales y el cuidado del medioambiente.
En materia energética, propone considerar un plan de eficiencia energética con metas para el sector minero y el impulso de proyectos no contaminantes donde participen mineras, autoridades y comunidades locales.
El informe también sugiere realizar cambios en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y en el uso de la Evaluación Ambiental Estratégica.
En lo social, plantea legalizar la propiedad indígena considerando el régimen legal que ampara las tierras de los pueblos y comunidades indígenas, además de contar con normas que regulen claramente los procesos de participación de las comunidades afectadas por los proyectos mineros.
A lo anterior se suma la idea de que un porcentaje de los ingresos públicos generados por los proyectos queden en la región donde están emplazados para beneficiar obras de infraestructura o desarrollo local.
Fuente: Cieplan
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