Menor crecimiento del empleo y mayor número de empresas en la informalidad, serían algunas de las consecuencias que traería consigo la implementación del proyecto que anunció la ministra Matthei.

Con el objetivo de impulsar la fuerza laboral femenina y evitar la discriminación de género, este viernes la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, presentará al Ejecutivo el proyecto que busca modificar el financiamiento de las salas cuna por parte de las empresas.

La iniciativa contemplaría rebajar la cotización del seguro de cesantía (según se estima, de 0,8% a un 0,4% de la remuneración) e incluir una nueva cotización a todos los trabajadores, la que se destinaría a un fondo común.

Considerando que hoy en día el pago de este beneficio es obligatorio sólo para las firmas con más de 20 mujeres, el nuevo esquema y su alcance entre las Pymes es motivo de análisis entre diversos agentes.
La iniciativa debiera conservar un financiamiento tripartito con aportes de los empleadores, los trabajadores y el Estado, creando un fondo solidario que permita universalizar el cuidado infantil.

Cecilia Cifuentes, de LyD, afirma que se está cambiando un impuesto femenino a uno parejo al trabajo, “lo cual es negativo porque tiende a afectar proporcionalmente más a las compañías de menor escala, que antes no tenían que cotizar” por este servicio. Según advierte, los efectos se observarían en el mediano plazo “a través de un crecimiento inferior del empleo e incentivando la sustitución a otros factores productivos”. Propone, por lo pronto, que el financiamiento de los quintiles más bajos lo cubra el Estado; el de los segmentos medios sea compartido; y el de los ingresos altos, lo costeen los propios padres.

Macarena Lobos, secretaria ejecutiva del Programa Legislativo de Cieplan, admite que con los datos conocidos es difícil evaluar el impacto real de la medida sobre las Pymes. No obstante, apunta que la iniciativa debiera conservar “un financiamiento tripartito con aportes de los empleadores, los trabajadores y el Estado, creando un fondo solidario que permita universalizar el cuidado infantil”.

Diana Ávila, del Instituto Libertad, sostiene que el porcentaje de empresas afectadas por esta normativa sería cercano al 5% del total en Chile. Y como el proyecto estipula un recorte del seguro de cesantía, asegura, “no habrá un costo adicional”.

En cambio, Juan Araya, presidente de Conapyme, recuerda que hay pequeñas firmas que “apenas pagan los sueldos”, y que el incremento en los costos de contratación llevaría “a caer en la informalidad” a muchas de ellas. Informó que este jueves sostendrá una cita los miembros del gremio para tratar el tema.

Fuente: Diario Estrategia