Presupuesto 2014: El espacio de reasignaciones que podrá utilizar el próximo gobierno

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Según un estudio de la Dipres de 2004, del orden del 76% del Presupuesto corresponde a gasto rígido. El 24% restante, es decir, alrededor de US$ 16.000 millones, podría ser reasignado por quien llegue a La Moneda en marzo del próximo año.

El viernes de la semana pasada, las candidatas Michelle Bachelet y Evelyn Matthei se enfrentaron en el debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) y uno de los temas más polémicos fue el financiamiento de sus eventuales programas de gobierno.

Y mientras la candidata de la Alianza apuntó al crecimiento, impuestos y reacomodo de gastos, también aludió a otra fuente: la eliminación de programas mal evaluados.

Por su parte, Bachelet insistió en su reforma tributaria, ya que, a su juicio, el Presupuesto 2014 es restrictivo y considera un supuesto de crecimiento del PIB excedido, por lo que el reacomodo de recursos sería insuficiente.

De acuerdo a lo informado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), el proyecto de Ley del Presupuesto considera un total neto de $34.370.470 millones (aproximadamente US$65.843 millones).

En su diseño, se establecieron US$600 millones de libre disposición, uno de los temas más controvertidos y que más diferencias provocaron en el Congreso, que finalmente -y pese a los reclamos de la Nueva Mayoría, que pedía US$700 millones para las medidas iniciales de su gobierno- fue aprobado sin modificaciones.

Esto, considerando US$ 380 millones en provisión para distribución suplementaria y US$ 220 millones en facultad de reasignación. 

La duda que quedó planteada tras la tramitación del erario apunta a cuál es el espacio fiscal no sólo para utilizar los recursos de libre disposición, sino también cuál es la capacidad real de reasignación general de gasto con que cuenta un gobierno.

Dicho en otras palabras: ¿Es posible que un gobierno, sobre todo uno nuevo, rehaga la Ley de Presupuestos?

¿Cómo hacerlo?. Una reasignación presupuestaria involucra una modificación de los patrones de gasto público, la que puede ocurrir tanto dentro de un año fiscal dado, como de manera interanual. Esto, siempre y cuando no se toquen aquellos gastos que tienen un carácter fijo.

Según el informe “Reasignaciones Presupuestarias en Chile: Conceptualización y Análisis Cuantitativo”, publicado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en 2004, el conjunto de estas obligaciones, que denominamos “gasto rígido”, representa una alta proporción del presupuesto público en nuestro país. 

“La suma de obligaciones legales, contractuales e institucionales del Estado conforman un componente rígido que equivale a más de un 75% (76,2%) del total del gasto contenidos en el presupuesto”, plantea el estudio. 

Consultada la Dipres sobre si existe alguna actualización de esta cifra, declinaron referirse al tema. Sin embargo, fuentes cercanas a la entidad, indicaron que aquel estudio no se ha actualizado al nivel de gasto actual, ya que los datos se encuentran muy desagregados. 

De todas formas, los expertos consultados aseguran que el funcionamiento del sector público no ha cambiado significativamente desde ese punto hasta la actualidad. Dicho lo anterior, agregan que ese 25% de gasto no fijo, aplicándolo al monto del Presupuesto 2014, arrojaría una cifra cercana a los US$ 16.460 millones. 

¿Es posible redestinar algo de esos recursos no rígidos desde una partida o programa a otra? La respuesta es sí.

Si se recoge la propuesta de Matthei, se podría echar mano a los US$1.157 millones en los programas fiscales que tienen desempeño insuficiente en 2013, consignado en el Informe de las Finanzas Públicas de octubre pasado (ver tabla). 

En ese sentido, si bien la principal herramienta que permite hacer reasignaciones es a través de decretos que firma el subdirector de Presupuestos, ello alude a situaciones más bien extraordinarias.

El mejor ejemplo es lo que ocurrió en 2010 con el terremoto, donde se redestinaron cerca de US$ 750 millones de la Ley Reservada del Cobre desde las FFAA a la reconstrucción.

Otro escenario es el que se configura con la modificación de leyes, que tiene como ejemplo el Plan Fiscal desarrollado por Bachelet para enfrentar la crisis de 2008-2009, donde con un proyecto misceláneo, solicitó recursos adicionales por US$4.000 millones, también para una situación excepcional. 

Desde Cieplan, el economista Jorge Rodríguez señala que “se requiere capital político para efectivamente redireccionar recursos de un programa a otro, ya que cada programa tiene sus defensores, de todos los colores políticos, incluso cuando existen evaluaciones que identifican que son poco efectivos”. 

Por su parte, la economista senior de Libertad y Desarrollo, Cecilia Cifuentes, sostuvo que es cierto que la rigidez del Presupuesto podría ser superior al 70%, sin embargo, “eso es relativo, ya que la ley puede ser derogada o cambiada. Si tienes los quórums para cambiar la ley, puede ser modificada”. Esta situación podría producirse en la medida que la candidata de la Nueva Mayoría gane y haga ejercicio de la mayoría parlamentaria que tiene en el Congreso. 

Además, Cifuentes agregó que la discusión respecto de los fondos de libre disposición le parece bastante artificial, ya que “en cada partida del Presupuesto existe una serie de decretos de reasignación presupuestaria lo que permite algún grado de flexibilidad. Los US$100 millones adicionales que pedía la oposición implica menos de un 0,2% del gasto”. 


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