Desde febrero de 2018, el Estado chileno comenzó a implementar una de las reformas más importantes de su historia. Esta transformará la organización administrativa del Estado al crear la nueva figura del Gobernador Regional, que además de ser la máxima autoridad regional, será elegida por votación popular. Adicionalmente y de manera paulatina, se realizará el traspaso de competencias desde el nivel central hacia las regiones que comprenden los sectores de Ordenamiento Territorial, Economía y Fomento Productivo, y Cultura y Desarrollo Social.
Esta reforma responde al diagnóstico general según el cual Chile es un país extremadamente centralizado, lo que ha golpeado directamente la calidad de vida de sus habitantes, derivando en demandas territoriales por mayor autonomía (Comisión Asesora Presidencial en Descentralización, 2014; Irarrázabal y Rodríguez, 2018).
Anteriormente, Chile había realizado algunos esfuerzos de descentralización, a través de la elección de alcaldes y la desconcentración en la oferta de algunos servicios básicos -municipalización de servicios de salud y educación- lo cual ha tenido resultados dispares en las mejoras de cobertura y calidad de servicio (Sujaworto, 2017). Aun así, Chile es el país más centralizado de Latinoamérica y de la OCDE (Comisión Asesora Presidencial en Descentralización, 2014; Irarrázabal y Rodríguez, 2018), ya que las regiones tienen poco que decir respecto a sus presupuestos, lo que limita su capacidad de decisión en la asignación de recursos según sus necesidades y cuya mayor expresión es la designación de la máxima autoridad regional por el poder ejecutivo desde la capital.
Alrededor del mundo se han estado aplicando políticas descentralizadoras desde la década de 1980, teniendo diferentes resultados según las características particulares de cada país. El estudio de estas políticas nos permitirá extraer, tanto en las experiencias positivas como negativas, aprendizajes que permitan orientar el proceso chileno con miras a lograr el desarrollo y autonomía de las regiones del país.
Esto, porque la reforma chilena tiene un carácter paulatino que otorga espacios de mejora, además de la oportunidad de añadir pretensiones locales a medida que las regiones adquieren mayores responsabilidades. El documento se ordena de la siguiente manera: la siguiente sección busca explicar qué entendemos por descentralización y cuáles son, a grandes rasgos, los principales problemas que esta puede traer consigo. A partir de esto, en la sección III, revisamos la definición e implementación de esta política pública en cuatro países diferentes y, finalmente, recogemos los aprendizajes relevantes para el caso chileno que podemos extraer de allí.