Esta investigación plantea que sostener el crecimiento a través de un período de tiempo prolongado es una de las condiciones imprescindibles para alcanzar un crecimiento incluyente.

Generar y sostener el crecimiento económico puede ser un requisito previo para lograr una “mejor y mayor” distribución de sus frutos y, por consiguiente, un crecimiento más incluyente.

Si se logra sostener el crecimiento no sólo durante un decenio, sino a lo largo de dos o más, ello conducirá con seguridad a una mayor equidad, porque llevará los salarios a niveles más altos.

En Corea del Sur y Taiwán, por ejemplo, durante las décadas de 1970 y 1980, el crecimiento sostenido hizo aumentar los salarios, redujo la pobreza y en última instancia condujo a una menor desigualdad. China también parece estar dando señales similares, ya que el crecimiento sostenido ha producido una escasez de mano de obra y un aumento de los salarios en las regiones costeras de ese país. 

Bhagwati y Panagariva también hacen notar que desde los años 90 el crecimiento ha tendido a crear más puestos de trabajo y mayores ingresos tributarios en India, lo que a su vez ha cubierto el costo de las erogaciones por concepto de bienestar social.

Pero, ¿por qué no todo el crecimiento es incluyente?

Una respuesta es que muchos períodos de crecimiento en el llamado “sur global” han tendido a durar poco o ser insostenibles. Estudios de Jones y Olken, así como de Hausmann, señalan que muchos países en desarrollo han registrado rachas de crecimiento por períodos breves (por lo general, de menos de un decenio), pero sin conseguir sostener el ritmo de desarrollo a largo plazo.

Otra respuesta es que muchos períodos de crecimiento tienen pocas articulaciones hacia atrás o hacia delante en los procesos de producción o efectos derivados, como ocurre con el crecimiento fundamentado en actividades mineras o en recursos naturales.

Esta carencia conduce a situaciones de países con tasas de crecimiento relativamente altas, pero con niveles de desigualdad también elevados, como Nigeria o Namibia. En comparación, la actividad manufacturera, especialmente la realizada internamente por empresas de un país, tiende a tener articulaciones internas más fuertes y efectos derivados más amplios, mientras que un bajo nivel de logro educativo puede ser una fuente de efectos derivados débiles y elevados índices de desigualdad. 

Cornia atribuye la reducción de la desigualdad que ha tenido lugar en América Latina desde la década de 2000 a la disminución de la desigualdad en la educación y al aumento de la demanda de mano de obra no calificada que se produjeron tras la adopción de tipos de cambio competitivos en la mayoría de los ramos de actividad.

En pocas palabras, un crecimiento más incluyente debe pasar primero por un crecimiento sostenido durante un período más prolongado de tiempo y por la promoción de articulaciones más fuertes y efectos derivados más amplios. 

Por ejemplo, fomentar más la actividad manufacturera que el aprovechamiento de recursos, propiciar más oportunidades educativas y darles una distribución más amplia, y crear más empresas de propiedad nacional que producto de la inversión extranjera directa (IED), son todas formas de promover el crecimiento sostenido (aunque la IED puede ser un primer canal de asimilación de conocimientos y transferencia tecnológica). 

De igual modo, la innovación producida por una fuerza laboral mejor formada puede ser imprescindible para mantener el crecimiento durante un período más largo.

A falta de la innovación que se necesita para mejorar productos y ramos de actividad, un crecimiento basado en la producción con uso intensivo de la mano de obra a costos (es decir, salarios) más bajos tiende a ser insostenible, ya que cuando consigue tener éxito, hace aumentar los salarios por encima de los niveles de los países competidores (Lee y Mathews, 2012). 

Se trata de un ejemplo clásico de la “trampa del ingreso medio”, es decir, una situación en la que países de ingresos medios enfrentan una baja del ritmo de crecimiento al quedar atrapados entre países manufactureros de bajos salarios y países innovadores en los que prevalecen salarios más altos. 

Por un lado, sus salarios son demasiado altos para competir con exportadores de salarios bajos, y por el otro, su baja capacidad tecnológica no les permite competir con países avanzados. 

La situación también es similar a la del llamado problema de la “acumulación excedentaria” que ocurre entre países en desarrollo, cuando los mercados internacionales se saturan de productos similares, obligando a esos países a competir entre sí mediante la reducción continua de precios.

Corea y Taiwán constituyen casos de excepción con respecto a este problema, ya que han logrado modernizar sus economías de dos maneras distintas: es decir, mediante la reclasificación intrasectorial (hacer la transición hacia segmentos de mayor valor de un mismo sector) y la reclasificación intersectorial (pasar a nuevos ramos de actividad de mayor valor agregado). 

China también está dando algunas señales de una modernización similar. Según Lee (2013), estas dos maneras de modernización se pueden considerar como una diversificación intra-sectorial e intersectorial, en la que el crecimiento basado en el aprovechamiento de recursos es aceptable en un principio, pero luego progresa hacia la modernización industrial para hacerse sostenible mediante articulaciones regresivas y progresivas más fuertes. Es en este punto en que la innovación, la ciencia, la tecnología y la industria (CTI) resultan de utilidad.

Pero la transición de una producción de bajo nivel y uso intensivo de la mano de obra a una producción de nivel superior y uso intensivo del conocimiento constituye un gran salto o punto de inflexión que no es fácil de llevar a cabo. 

En general, un cambio de ese tipo no suele ocurrir cuando el país está atascado en una “crisis de capacidad” (Lee, 2013 y Lee, 2014), que no es lo mismo que una deficiencia de mercado en el sentido neoclásico, ni que una falla sistémica, según una concepción neoschumpeteriana. 

La explicación de deficiencia de mercado que normalmente se da como justificación de los subsidios a la actividad de investigación y desarrollo (I+D) surge de la percepción de externalidad positiva de la I+D y su insuficiente oferta en el momento.

Desde este punto de vista, se da por sentado que las empresas son “ya capaces” de llevar a cabo actividades de I+D y que, por consiguiente, el problema se reduce entonces a la simple incapacidad de producir la cantidad óptima. 

Por lo tanto, se procura hallar las causas de esta insuficiencia de producción fuera de la empresa, como por ejemplo, en el mercado de capitales o en el mercado de capital de riesgo, donde se recomienda la aplicación de medidas gubernamentales correctivas. 

Sin embargo, en la mayoría de los países en desarrollo, las empresas privadas no están en condiciones de emprender internamente actividades de I+D. Lo consideran una empresa precaria con dividendos dudosos. Así que el problema no es de mayor o menor I+D, sino más bien de “cero” I+D. 

De hecho, la proporción de I+D al producto interno bruto (PIB) suele estancarse entre los países de ingresos medios, porque estos no llevan a cabo suficiente I+D (Lee, 2013). 

Se trata de un problema grave, porque son precisamente los países de ingresos medios los que más tendrían que concentrarse en la innovación, lo que le da más peso al argumento de que dejar de innovar es la raíz de la trampa del ingreso medio.

Aunque el argumento que normalmente se aduce en favor del activismo gubernamental se suele basar en una disfunción del mercado o en una falla sistémica, una justificación de mayor peso para dicho activismo es la “deficiencia de capacidad”. 

En países de ingreso medio donde las empresas tienen una menor capacidad de I+D, una forma más segura de hacer negocios es comprar o tomar prestadas tecnologías foráneas o plantas de producción y especializarse en métodos menos técnicos o en la manufactura de ensamblaje. 

Para superar esta etapa es preciso contar con formas eficaces de activismo gubernamental, no basta simplemente con aportar fondos para I+D; también hay que cultivar la capacidad de I+D propiamente dicha. Una manifestación de dicho activismo se ha visto en consorcios de I+D entre el sector público y el privado, que, en casos como los de Corea, Taiwán y, más recientemente, China, han actuado como importantes vehículos para entrar en nuevos ramos de actividad.