Autor: Manuel Marfán
Fuente: La Tercera
Hace dos semanas me atreví a opinar sobre las atribuciones del Tribunal Constitucional (TC) en la interpretación de la Constitución. Ahora opino, de nuevo, sobre las atribuciones en la interpretación de la Constitución, pero esta vez por parte de la Corte Suprema (CS). Repetiré la explicación de mi amigo Baraona, después de una reunión donde cada abogado interpretó de manera diferente un inciso de un proyecto de ley: “así es el derecho constitucional; un mismo texto se puede interpretar de tantas formas…”.
Recuerdo, antes del golpe militar (yo tenía 20 años), que un par de veces los medios titularon con “¡SUPREMAZO!”. Mi padre me explicó que la sociedad evoluciona y que, a veces, la CS cambiaba el sentido de alguna ley en virtud de su atribución de interpretar la Constitución. Pero se trataba de hechos aislados y singulares. Después, durante la dictadura, las reinterpretaciones de la CS fueron frecuentes y antojadizas, a gusto del gobierno. La CS negó el “habeas corpus” a detenidos, induciendo, de paso, la desaparición de muchos. “Los desaparecidos me tienen curco”, declaró un Presidente de la CS. Se dejaron de cumplir los tratados internacionales en DD.HH. En fin, salvo por unas pocas excepciones, la actuación del Poder Judicial en esa época fue nefasta. Dentro de esas pocas excepciones recuerdo a José Cánovas, Milton Juica y Sergio Muñoz.
Hoy, el ministro Sergio Muñoz preside la 3ª sala de la CS. No lo conozco personalmente, pero le tengo aprecio, respeto y gratitud. También sé que es inteligente, trabajador, mateo y honesto. Incluso más, si fuera candidato a senador, probablemente votaría por él. Dicho esto, también tengo discrepancias con su actuación en la CS. Con el debido respeto.
En efecto, la 3ª sala sobresale por la frecuencia de sus supremazos. Ya no se trata de hechos aislados y singulares, como antes. Tampoco son antojadizos, ni al gusto del gobierno de turno. Por el contrario, sus fallos son bien argumentados, con la precisión en el lenguaje de un buen jurista. Detrás de ellos hay una concepción del “país-que-debiéramos-ser”, que quizás comparto (en parte). ¿Y en qué discrepo, entonces?
Mi discrepancia es que “el-país-que-debiéramos-ser” no se debe decidir en el Poder Judicial, sino en las instancias que la Constitución estipula: El Ejecutivo y el Legislativo. La esencia misma de la Política (así, con mayúscula) es construir el país que queremos. Y como hay visiones distintas, la Política debe estar sujeta al control democrático. Solo a modo de ejemplo, el fallo respecto de las enfermedades de tratamiento caro es propio de una visión garantista de la Constitución. Da lo mismo si yo, Manuel Marfán, estoy a favor o en contra. Lo que no me parece es que pedacito a pedacito, a través de interpretaciones de la CS (supremazos), se esté construyendo una nueva Constitución, sin control ciudadano alguno.
Lo mejor que puede hacer la CS para el “país-que-debiéramos-ser” es administrar bien la Justicia. Incluso con supremazos aislados y singulares. Si la CS se sigue metiendo en política, no podrán quejarse si la política se entromete con ellos. ¡Sería re-malo!