Lea la entrevista del Director del Programa CIEPLAN-UTalca, Manuel Marfán, publicada en el diario El Mercurio.
«La reforma laboral debiera tratar de buscar una armonía en la relación del capital con el trabajo, con el desarrollo productivo. Esa es la base del pensamiento socialista. Pero la manera de resolver estos temas ha sido sacrificando el desarrollo económico», critica el economista.
No se ve una preocupación del gobierno por el crecimiento; la educación gratuita no puede ser un derecho universal. No es conveniente que una huelga paralice completamente a una empresa. No son juicios de un miembro de la oposición al gobierno. Por el contrario, son de Manuel Marfán, socialista, quien, fiel a su estilo directo, no duda en afirmar que varias de las reformas impulsadas por la actual administración no van en el rumbo correcto.
Para el ex ministro de Hacienda, ex vicepresidente del Banco Central y actual director del Programa CIEPLAN-UTALCA, no se trata de encasillarse en posiciones de izquierda o de derecha, sino de hacer las cosas bien. Es lo que espera para el debate constitucional que viene, donde su expectativa es que prime el concepto del bien común, algo que -advierte- no ocurrirá en los cabildos.
-¿Son imprescindibles las reformas que impulsa el Gobierno para avanzar en el camino al desarrollo?
«Mi impresión es que varias de ellas son contradictorias para el camino al desarrollo. La reforma laboral debiera tratar de buscar una armonía en la relación del capital con el trabajo, con el desarrollo productivo. Esa es la base del pensamiento socialista. Pero la manera de resolver estos temas ha sido sacrificando el desarrollo económico. Lo mismo ocurrió con las reformas tributaria y educacional. El crecimiento y el desarrollo económico es abordado hoy por carteras específicas, pero no es un tema de preocupación en La Moneda, donde lo que sí se resuelven son los temas corporativos».
-¿En qué diferencia el corporativismo del populismo?
«Más que populista, lo llamo corporativista, porque el Gobierno se ha alineado con intereses corporativos particulares, lo que en sí no es necesariamente malo en la medida en que ese alineamiento vaya acompañado con una preocupación del mismo peso político en los temas del crecimiento».
«Al olvidarse de este segundo componente ni siquiera es socialista, es corporativista y de tipo peronista, y la raíz del peronismo no es el socialismo. Los temas del desarrollo productivo eran los principales que se trataban en las reuniones de la Comisión Económica del PS y lo que más enfatizaron durante mucho tiempo los ministros socialistas del área económica».
-¿Cómo concilia su militancia con la posición del PS en torno a la reforma laboral?
«El PS se declara como un partido cercano al mundo del trabajo; eso siempre ha sido así, y me he sentido cómodo con esa visión. Como ministro de Hacienda fui el único al que fueron a saludar no solo las cúpulas empresariales, sino todas las cúpulas sindicales. Mi problema no está en atender las demandas laborales. El asunto es que uno no puede empujar este tema de manera desequilibrada. Uno tiene que armonizar bien las contradicciones entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de la producción».
-¿Qué daños introducen en el desarrollo productivo los cambios en materia de reemplazo en caso de huelga y extensión de beneficios?
«Es que los economistas pensamos de otra manera. A nosotros nos parece muy raro que dos personas que hagan exactamente lo mismo reciban remuneraciones y beneficios distintos. Si una persona que cumple la misma función que otra gana distinto dependiendo de si está afiliado o no a un sindicato, constituye una distorsión, una deformación de lo que debieran ser relaciones de producción correctas».
«Coincido 100% con el ministro de Hacienda en que tiene que haber alguna proporcionalidad entre los trabajadores en huelga y los efectos económicos sobre la empresa. Pero claramente él ha tenido fuerza para hacer un ajuste fiscal, pero no para ponerles un poco más de lógica económica a las reformas. Me parece pésimo que se reprima el derecho a huelga y que las huelgas sean irrelevantes. Pero me parece también que la solución no es que los paros paralicen completamente a la empresa o, peor aún, que paralicen servicios públicos».
-¿No ha levantado suficientemente la voz dentro del Gobierno el ministro de Hacienda?
«No sé. He escuchado y leído al ministro, y concuerdo mucho con las ideas que él plantea. Más bien se lo escucha en la administración fiscal de corto plazo, pero no en el largo plazo o en la reforma laboral, porque las indicaciones que se mandaron son contradictorias con lo que ha dicho públicamente el ministro».
«El principal objetivo de la Constitución es velar por la convivencia, y eso no se resuelve en cabildos»
-¿Cree necesario una reforma a la Constitución?
«Sí. En estricto rigor, más allá del contenido de los temas, la Constitución tiene un problema de origen, y yo simpatizo con esa visión. También creo que el principal objetivo de la Constitución es velar por la convivencia y el bien común, y eso no se resuelve en cabildos. El cabildo de Calama va a exigir que los ingresos del cobre se queden en esa región, atentando contra el bien común. No me cabe duda de que será así».
«La única manera de velar por el bien común es que haya una autoridad central -ya sea el Gobierno o el Parlamento- que vele por ese bien común, pero parece que esa no es la orden del día. En estas cosas no tengo el dilema de si uno es de izquierda o no: el dilema es hacer las cosas bien o hacerlas mal. Creo que es bueno hacer una reforma constitucional, pero estableciendo principios donde más que la suma de todas las partes, sean el mínimo común denominador de todas las partes, de manera que todos quepamos».
-¿Hasta qué punto la Constitución puede garantizar derechos sociales universales?
«Hay muchas constituciones que establecen derechos ciudadanos como principios ordenadores para la acción del Estado, como el caso de Alemania, pero no son derechos que se deban resolver judicialmente. Sin embargo, los casos que se mencionan como referencia son las reformas de Colombia en 1991 y la de Brasil a mediados de los 80, que son constituciones garantistas con derechos exigibles en los tribunales. Son reformas que contribuyeron a fortalecer el federalismo, y en ambos casos los resultados fueron muy malos».
«En los dos casos la variable que se terminó sacrificando fue la gobernabilidad fiscal, porque la Constitución no establece cuáles son los recursos con que el Estado va a contar para pagar esas garantías. El caso de Colombia es más reciente, y termina finalmente con arreglos extraconstitucionales que terminan deshaciendo lo andado. En el caso de Brasil se resolvió con la reforma constitucional cuando era Presidente Fernando Henrique Cardoso, que generó una batalla política campal. Pero entremedio, esos países terminaron con deudas públicas mucho más altas y un debilitamiento institucional relevante».
-La Presidenta Bachelet dijo que no estaba pensando en un Estado federado al referirse a la reforma para la elección popular de intendentes. ¿Dónde ve el riesgo?
«La semana pasada se aprobó en primera instancia la reforma que permite elegir a los intendentes. ¿Por qué elegir políticamente a un intendente que tiene márgenes de maniobra que están acotados por el gobierno central? Obviamente ese es el primer paso, y va a haber exigencias de mayores grados de autonomía en el manejo de los recursos».
«No se pueden acometer reformas que son caras de llevar a cabo sin tener una discusión de los recursos. Ese es el problema. La elección directa de intendentes va a tener una reforma a la Constitución, y el traspaso de funciones es uno de los temas donde hay contradicciones entre el Gobierno y el Parlamento. El Gobierno decía que el traspaso de funciones solo iba a ocurrir en la medida en que el gobierno central crea que existen los espacios, pero ahora se traspasan todas las funciones, excepto aquellas que el gobierno central fundadamente puede demostrar que sería dañino».
-¿Hacia dónde debieran apuntar la reforma educacional y la gratuidad?
«Un principio básico es que la falta de recursos no debiera ser un impedimento para que los estudiantes talentosos puedan ir a la universidad. Al mismo tiempo, pienso que la gratuidad en la educación no es un derecho universal, porque aquellos que sí pueden deberían pagar. Estamos en una coyuntura histórica donde el tema educacional es demasiado clave. Chile pasó a ser un país con escasez de mano de obra, y la manera de resolverla es que la misma mano de obra sea más productiva. Hay teorías que respaldan la visión del premio Nobel Simon Kuznets en torno a que el hecho de que el factor trabajo sea más escaso hace al trabajo protagonista en esta etapa más que el capital y donde los beneficios del crecimiento llegan más fluidamente hacia las personas del trabajo. Por eso, los parámetros principales son más educación y de mejor calidad. Tratar la gratuidad como derecho universal les resta recursos a otros aspectos de la educación, donde los temas están más ligados al crecimiento, al desarrollo y a la productividad».
«Claramente, él (ministro de Hacienda) ha tenido fuerza para hacer un ajuste fiscal, pero no para ponerles un poco más de lógica económica a las reformas».
«Países que hoy son desarrollados tienen legislaciones laborales más justas, sistemas tributarios más fuertes y mejores sistemas de salud y previsionales que países menos desarrollados con constituciones garantistas».
Fuente: El Mercurio