Revisa la entrevista que dio José Pablo Arellano al diario El Mercurio el domingo 18 de octubre.

Le ha tocado estar en todos los lados de la mesa. En el de los que piden, como ministro de Educación; en el que «entrega», como presidente de Codelco, y también en el que reparte, como director de Presupuestos con siete erarios aprobados. «He tenido varias encarnaciones», se ríe José Pablo Arellano, sentado en Cieplan, el think tank que ha seguido siendo su casa entre esas idas y venidas, y que hoy alterna con directorios privados, el del Hogar de Cristo y varias fundaciones, como Belén Educa.

Difícil encontrar alguien que conozca más al Estado y a la política, una visión que plasmó en su libro «Veinte años de políticas sociales. 1990-2009», traducido hace poco al inglés por el Banco Mundial. Abarca un período de acuerdos que rescata y reivindica con orgullo, frente a la distancia que muchos quieren tomar hoy en las filas oficialistas. «Las reformas importantes deben ser duraderas y requieren de acuerdos más allá de una mayoría electoral que puede ser pasajera», dice con su modo calmado, pero ahora enfático. Quizás más de lo que acostumbra, porque su visión se ha vuelto crítica.

Arellano no comparte la forma técnica ni política como se están diseñando e introduciendo las reformas del Gobierno. Y en educación, tampoco le gustan decisiones como la de la gratuidad, menos instalada vía glosa presupuestaria.

Como ex titular de la cartera, participó en la propuesta alternativa que hicieron los senadores DC Ignacio Walker y Andrés Zaldívar a la ministra Delpiano, para profundizar el sistema de becas. «Desgraciadamente no tuvimos la acogida que esperábamos», admite, expectante ante los cambios que los parlamentarios puedan introducir en el Congreso y, luego, en una «discusión profunda y amplia», cuando el Gobierno envíe el proyecto de financiamiento a la educación superior.

-Pero eso sería en diciembre y el Gobierno tiene urgencia en aprobar la gratuidad ahora, para que entre en vigencia en marzo.

-El panorama hoy es muy distinto a cuando se instalaron con mucha fuerza los reclamos de los estudiantes y sus familias por el financiamiento de la educación superior. La mayor parte de esas demandas se han ido atendiendo con el aumento de las becas y mejores condiciones para los créditos, y aún puede hacerse más para seguir mejorando esos beneficios. Así podremos concentrarnos en temas urgentes para nuestra educación superior, como el sistema de aseguramiento de la calidad, o la revolución que hay en el uso de las tecnologías en la educación superior. Por ejemplo, hoy cualquiera puede tomar gratis cientos de cursos en las mejores universidades del mundo, a través de su computador o celular…

-¿Se ha equivocado el foco de la discusión?

-La prioridad debe estar en estos temas más que en reestructurar el sistema de financiamiento, pero en todo caso la discusión debe hacerse abiertamente y no a través de una glosa presupuestaria. La educación superior chilena no se merece ser tratada con la urgencia que exige una glosa en una Ley de Presupuestos. No comparto las prioridades ni las respuestas técnicas y políticas, que por lo demás se han reformulado varias veces.

«¿Qué más gratis que una beca al 100% del costo?»

-La apuesta política es que el rechazo que tienen las reformas se revierta cuando la gratuidad comience, en marzo próximo.

-Es paradójico que una buena noticia, como es el alza de 20% en los recursos a la educación superior, genere esta tremenda incertidumbre y sea uno de los aspectos más cuestionados del próximo presupuesto. Cuando creamos expectativas muy grandes, terminamos generando una frustración que impide ver los logros. Este año ha pasado desapercibido que crecieron las becas y mejoraron las condiciones de los créditos que reciben 650.000 estudiantes, casi el 60% del total, porque solo se insiste en objetivos de largo plazo y en lo que falta para alcanzarlos. Toda la energía se va en esta discusión.

-Pero el Gobierno quiere instalar un nuevo sistema que sea gratuito, no seguir aumentando las becas.

-¿Qué más gratis que una beca al 100% del costo de la carrera? Hay 500 mil estudiantes que están entre el 50% más pobre; solo 200 mil recibirán gratuidad según la propuesta de la glosa, y no hay una buena explicación para los 300 mil restantes. Uno debe establecer condiciones justas y equitativas que se basen en la situación socioeconómica, los méritos académicos de los estudiantes y ciertas exigencias de calidad de las instituciones donde estudian.

«Lo que distingue a la educación superior es que se accede en base a mérito; no es buena señal que se eliminen los requisitos académicos como el puntaje en la PSU y/o notas. Tampoco, que no se exijan condiciones de calidad equivalentes a las instituciones a través de la acreditación: a algunas se les exige solo estar en el CRUCh (Consejo de Rectores), a otras 4 años de acreditación y a otras ningún requisito adicional a la mera acreditación».

«Se establecen diferencias difíciles de justificar y, lo que es más delicado y riesgoso, un sistema de convenios de gratuidad que depende de la voluntad de la autoridad de turno para definir sus condiciones. Eso no es bueno, porque hay muchos elementos de eventuales arbitrariedades sujetos a una negociación entre la institución y el ministerio».

-¿Ve una intención de controlar a las instituciones?

-Actualmente las instituciones tienen que preocuparse de tener la mejor oferta posible para atraer a los alumnos; con esto parte de su atención estará en la relación con el ministerio, que va a definir los términos y montos de estos convenios.

«A través de una norma transitoria se están exigiendo condiciones permanentes»

-El ministerio ha dicho que es importante partir con la gratuidad y que las instituciones son libres de entrar o no.

-Me parece muy inadecuada la forma de comenzar la gratuidad. No es la Ley de Presupuestos el vehículo para hacer cambios que involucran transformaciones como las que aquí se proponen. El Presupuesto tiene un período expreso de tramitación, de 60 días; no es el lugar ni el tiempo para discutir una reforma. A través de una norma transitoria, porque la Ley de Presupuestos rige por un año, se están exigiendo condiciones permanentes como la forma en que se organiza el gobierno de la institución y quiénes participan en la toma de decisiones.

-¿Es la forma políticamente más conveniente para dar el beneficio de la gratuidad rápido, evitando entrar al debate de fondo?

-Este año el Gobierno siguió mejorando las becas y, si quiere ayudar a las familias de menores ingresos, el mecanismo más fácil es avanzar por esa vía hasta llegar al costo total.

«Eso también habría evitado esta polémica y la incertidumbre que vivirán miles de postulantes a la educación superior, pues la ley y los reglamentos no estarán disponibles antes de diciembre, cuando deban postular. La misma incertidumbre viven las instituciones, que no saben cómo presupuestar el próximo año».

-Pero el objetivo sería el mismo, con becas o gratuidad universal.

-Ofrecer gratuidad a 200.000 alumnos no es gratuidad universal. Los recursos no alcanzan y el Gobierno lo ha reconocido, pero hay otros mecanismos que no generan esta enorme incertidumbre y confusión.

Fuente: El Mercurio