Fuente: El Mercurio
Periodista: Azucena González

El investigador de Cieplan acaba de terminar un trabajo en el que aborda la Constitución y la modernización del Estado. En momentos en que la Convención está ad portas de iniciar el trabajo de contenidos, y cuando se discute en el Congreso un nuevo retiro de fondos de pensiones, alerta del «costoso aprendizaje» que nos deja la historia reciente de Chile, en que graves problemas de déficit discarl e inflación llevaron al propio Congreso a limitar sus atribuciones, Sobre el anticipo de rentas vitalicias es categórico: «Represente en los hechos una expropiación sin compensación a las aseguradoras», dice.

«Normas constitucionales y modernización del Estado» se llama un nuevo trabajo que José Pablo Arellano acaba de publicar. Economista de la PUC, y máster y doctor en Economía de la U. Harvard, en el pasado Arellano fue presidente ejecutivo de Codelco, ministro de Educación y director de Presupuestos de Chile en los 90. Con esa experiencia pública, y desde su rol de economista sénior de Cieplan, se abocó a indagar aspectos que debieran estar en la Constitución que a su juicio, serán determinantes para la buena gestión del Estado. Organización, administración y prerrogativas de distintos poderes y/o agencia del aparato estatal son algunos de los temas que toca en su investigación, y en algunos casos, Arellano postula la necesidad de cambios. Pero en otros hace evidente que no hay que innovar, porque ya la historia reciente de Chile se ha encargado de demostrar los errores que se han cometido en el pasado y sus consecuencias.

«Estudié el funcionamiento de nuestras instituciones antes de 1973 y la experiencia de otros países», anticipa. Su trabajo no podía llegar en mejor coyuntura: justo en momentos en que la Convención Constitucional está ad portas de iniciar el trabajo de contenidos de la nueva Carta, y cuando se discuten a nivel parlamentario iniciativas como un nuevo retiro de fondos de pensiones. Precisamente, Arellano es claro en reafirmar la necesidad de mantener la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia de gasto público y seguridad social, incluso aunque se mutara a un sistema parlamentario.

«Este fue un costoso aprendizaje a lo largo del siglo XX. A partir de la Constitución del 25 y reconociendo los graves problemas de déficit fiscal e inflación que generaba la iniciativa parlamentaria en esas materias, el propio Congreso aprobó en 1943 y en 1969 reformas para limitar sus atribuciones. Esas reformas son las que recoge el texto constitucional vigente. La estabilidad fiscal, los ahorros y el bajo endeudamiento que logró el Estado en los últimos 30 años y cuya importancia ha quedado en evidencia una vez más en esta pandemia no habían sido posibles sin la iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo. Esto también ocurre en los gobiernos con régimen parlamentario. En esos países para lograr estabilidad económica también existen normas estrictas a fin de evitar el desequilibrio fiscal», indica.

En seguridad social, y en días marcados además por esta intensa coyuntura del cuarto retiro de fondos, que hasta ahora incluye anticipos de renta vitalicia, Arellano está «convencido» de que esta materia también debiera seguir siendo exclusiva del Ejecutivo.

«Es muy fácil caer en el populismo, otorgando beneficios de corto plazo con grandes costos y frustraciones para el futuro. Así pasó con nuestro antiguo sistema de pensiones, que terminó desfinanciado y lelno de inequidades producto de múltiles iniciativas parlamentarias. Así lo reconocieron en su momento prácticamente todos los presidentes de la Repíblica hasta que a fines del gobierno del presidente Frei Montalva el propio Congreso estuvo dispuesto a reformar la Constitución, limitando su iniciativa de ley en materias de seguridad social. Desconociendo esa costosa experiencia, una mayoría en el actual Congreso ha estado por no respetar el espíritu de la Constitución y por la vía de su articulado trasitorio ha facilitado el retiro de los ahorros obligatorios para pensiones, dejando el sistema gravement desfinanciado para el futuro. Dos sistemas de pensiones distintos que terminan desfinanciados por el mismo comportamiento político que privilegia beneficios de corto plazo, sacrificando el futuro. Si quereos tener un sistema de pensiones sostenible y viable en el largo plazo, es indispensable tener una institucionalidad que evite el populismo. Mantener y cuidar la iniciativa exclusiva en materias de seguridad social es uno de los medios».

-¿Qué efectos prevé para la estabilidad macroeconómica y financiera de Chile si se concreta el cuarto retiro? ¿Cómo se pone fin a esta ola de retiros?

«Cada retiro significa una importante disminución de la futuras pensiones las personas ya no tendrán ahorros, y hay graves efectos de corto plazo: mayor inflación, aumento de las tasas de interés y menor financiamiento para la inversión. Y esta inestabilidad es creciente a medida que se agregan nuevos retiros. Déjeme ajemplificar con la inflación: cuando se gastan los primeros 10%, aumenta la demanda; los siguientes 10% aumenta la demanda; los siguientes 10% la suplican; el efecto de tercer retiro es más que triplicar el impacto, porque la oferta no le puede seguir el ritmo a esa mayor demanda, presionando mucho más de los precios y la cadena de abastecimiento. Mucho peor sería con un cuarto retiro».

«Aún más grave es lo aprobado por los diputados respecto de las rentas vitalicias. Obliga a las compañías de seguro a entregar recursos que no son de los pensionados y que en muchos casos no tienen ninguna posibilidad de devolver. Esto representa en los hechos una expropiación sin compensación a las aseguradoras. Conío en que el Senado no aprobará estas disposiciones y que evitará los graves daños que ello provocaría».

«El 80% de la mayor recaudación del gobierno, entre 1990 y 2019, provino del crecimiento económico»

José Pablo Arellano explica que no está participando en ningún equipo de campaña, aunque explicita su apoyo a la candidata de Nuevo Pacto Social. «Apoya a Yasna», dice.

-Conocidos los programas económicos de los candidatos, ¿hay riesgo de que sean promedad infinanciables? ¿Amagarán el crecimiento económico y la inversión?

«Llama la atención que los programas prácticamente no hacen referencia a la realidad económica social que enfrentará el país en los próximos años ni a las condiciones internacionales, que estarán marcadas por las secuelas de la pandemia. Si bien la actividad económica en 2022 habrá recuperado el nivel de 2019, tendremos déficit de empleos. Falta recuperar 100 mil empleos perdidos, a lo que hay que sumar el crecimiento de la fuerza de trabajo en más de 200 mil personas por año. Esos empleos solo se generarán si la economía logra crecer de manera sostenida. Será necesario corregir los desajustes macroeconómicos. Hay que reducir el déficit fiscal y el carácter expansivo de la política monetaria, para que no se conviertan en desequilibrios que terminen en más inflación y en el peor de los casos en crisis».

Suponiendo que se logra un 2,7% de crecimiento anual que se usó en las proyecciones (que acaba de hacer la Dipres para el 2022-2026), que es mayor al 2% de crecimiento logrado entre 2014-19, y que el gobierno no aumenta sus gastos en los próximos años -lo que no me parece realista-, la deuda de gobiernos se mantiene en los niveles actuales. Esto representa un retroceso en los niveles de deuda que teníamos hace 20 años. Sin mencionar el mayor gasto que tendrá el gobierno pagan interesas y que restará recursos para otras necesidades. Todo esto nos deja más vulnerable en un escenario internacional que será más difícil -viviremos las tensiones originadas en la rivalidad entre China y Estados Unidos, que creará situaciones que no tuvimos en las últimas décadas-, y tendremos que enfrentar nuevas demandas y costos para combatir los efectos del calentamiento global. Esta realidad y sus demandantes desafíos no están presentes en los programas de gobierno, ni en los discursos, ni es los debates de los candidatos. Peor aún, se plantea una cantidad de promesas muy alejadas de lo que será viable en los próximos años, arriesgando futuras frustraciones».

-¿El Estado chileno, tal como está hoy, será capaz de asumir más derechos garantizados y más funciones?, ¿o hay serie riesgo de que se transformen en promesas incumplidas?

«Para responder a las necesidades de las personas, se necesitan recursos públicos, lo que depende de que el país logre crecer para que el fisco pueda recaudar más. El 80% de la mayor recaudación del gobierno entre 1990 y 2019 provino del crecimiento económico. Con esa mayor recaudación se pudo aumentar el gasto social en más de seis veces en términos reales. Además se necesita un Estado competente, capaz de organizar adecuadamente la prestación de esos servicios. Si estas dos condiciones no se cumplen, esos derechos se pueden convertir en buenas intenciones o meras declaraciones que no se pueden materializar. Es una realidad frecuente en América Latina».

-A la fecha, ¿cree que el trabajo de la Convención va por buen camino?, ¿tiene confianza en que desembocará en una mejor Constitución para Chile, o está desilusionado y preocupado por el rumbo del proceso?

«Todavía no entran en los temas de fondo. En su instalación y la discusión del reglamento veo un tironeo entre los grupos que están por reafirmar la vía institucional -dentro del marco que les fijó la Constitución y respetando los 2/3 necesarios para lograr un acuerdo amplio-, y aquellos que quieren saltarse ese marco, con el cual no han estado de acuerdo, a pesar de que gracias a él están en la Constitución».

-¿La Convención se desligitimó al aprobar los plebiscitos dirimentes que no estaban en la reforma inicial que le dio vida?

«No considero una buena idea los plebiscitos dirimentes, porque debilitan la búsqueda de acuerdos para lograr los dos tercios. Sin embargo, entiendo que lo que aprobó la Convención requiere una reforma constitucional, que debe aprobar el Congreso para poder llevarse a cabo. Por tanto, antes de concretarse debe discutirse en el Congreso y aprobarse con los quorum que establece la Constitución vigente».

Urgen más entidades autónomas: «Sugiero la Dirección del Trabajo y el INE»

De la vasta cantidad de antecedentes analizados en su investigación, Arellano cita, por ejemplo, lo que denomina la «inflación legislativa», tendencia que tiende a trasladarlo todo a una discusión legislativa en el Congreso, en vez de que muchos temas se resuelvan por la vía de reglamentos, como potestad del Presidente de la República. Lo ejemplifica con la Ley de Presupuestos: «La primera ley que se aprobó después de la vuelta a la democracia en 1990 tenía 295 páginas; la ley para el año 2020 tenía 1.018 páginas», plantea. Y agrega: «El exceso de leyes hace más compleja la administración. Para ello existe la facultad reglamentaria del Ejecutivo. No todo tiene que hacerse a través de cambios legales. Pongo el ejemplo de la autorización para que los servicios públicos pudieran operar en forma remota. Se tramitó una ley para partir haciéndolo en forma experimental», reflexiona.

-También plantea que debieran existir más entidades autónomas al estilo BC, dirigidas por consejos autónomos.

«Efectivamente, en las últimas décadas se han creado o modificado estaturos legales de varios órganos colegiados, dándoles mayor autonomía. En algunos casos, con rango constitucional -el Banco Central, el Servicio Electoral o el Consejo para la Transparencia-, y en otros, a nivel de leyes como la CMF o la ADP. La Constitución puede establecer un principio para que los servicios que tienen un rol de fiscalización o cuya labor está asociada a la fe pública tengan una mayor autonomía y un gobierno colegiado. Sugiero la Dirección del Trabajo y el INE. Es más fáicl preservar el pluralismo y la independencia política que resulta indispensable».