Según el centro de estudios, la iniciativa «no define elementos clave de su diseño».
Un crítico informe sobre «la excesiva discrecionalidad» del proyecto de ingreso ético familiar que se tramita en el Congreso realizó el programa legislativo de Cieplan.
En los últimos días esta iniciativa ha sido flanco de críticas. De hecho, en la Comisión de Superación de la Pobreza, que el martes despachó la iniciativa, los parlamentarios de oposición lograron la aprobación de una serie de indicaciones, siendo la más polémica la que cambió el nombre del proyecto a «Programas social para las familias en situación de pobreza y vulnerables».
El documento señala que esta iniciativa «carece de definiciones de elementos básicos de su diseño que permitan evaluar si es capaz de cumplir con el propósito de terminar con la extrema pobreza durante la actual administración, y sentar las bases para terminar con la pobreza en el mediano plazo».
Agrega que «no define elementos clave de su diseño, tales como los requisitos para tener la calidad de usuarios; los mecanismos para su selección y focalización; los procedimientos de concesión, pérdida, suspensión, monto, progresión y cobertura de los distintos beneficios, y el control y fiscalización de su adecuado uso». Y lamenta que deje la definición de «estos aspectos esenciales a reglamentos del Ministerio de Desarrollo Social, sin intervención del Parlamento, lo que supone un amplio margen para la discrecionalidad».
A su juicio la falta de definiciones del proyecto no sólo dificulta efectuar una adecuada evaluación de su diseño, sino que impide cuantificar su costo fiscal, evaluar su sustentabilidad y analizar si requiere de una fuente de financiamiento permanente adicional.
«Al no contar con una fuente de financiamiento permanente, el proyecto condiciona el acceso a los beneficios a las disponibilidades presupuestarias de cada año. Esto implica un retroceso importante respecto de la lógica de derechos garantizados para la ciudadanía que cumple con los requisitos para acceder a los beneficios», agrega.
Crítica, además, la «poca claridad» del criterio de su focalización y la coordinación con el Chile Solidario.
Finalmente, destaca que «es indispensable» que en el Parlamento estos aspectos de diseño sean definidos en la ley. «De lo contrario, se estaría creando una herramienta que confiere al Ejecutivo de turno amplias atribuciones para entregar beneficios con un alto componente de discrecionalidad», acota.
Fuente: La Segunda
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