Ignacio Walker: ¿Un nuevo caso de desarrollo frustrado? El programa de Gabriel Boric

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp

Fuente: La Tercera

Al leer el programa presidencial del Frente Amplio me ha venido a la memoria el excelente libro de Aníbal Pinto, connotado economista socialista, de fines de los años 50, “Chile: un caso de desarrollo frustrado”. Ese libro refleja como ninguno otro la realidad económica del siglo pasado: la de un país que no logró salir del subdesarrollo.

Es una paradoja que en momentos en que nos acercábamos a la posibilidad de alcanzar el desarrollo, con sus posibilidades y sus limitaciones, surja un programa, supuestamente renovador, que recurre a fórmulas añejas y fenecidas, comprometiendo las bases mismas del desarrollo económico.

Tal vez el ejemplo más elocuente es el de la política exterior y las relaciones económicas internacionales, al sustituir un dinámico proceso de apertura externa de los últimos años y décadas, por una suerte de neo-soberanismo, tirando por la borda lo mucho que se ha avanzado en esta materia.

“Se revisarán los procesos de evaluación y suscripción de tratados comerciales (…) incluyendo una participación vinculante de gobiernos locales y regionales, en el marco de sus competencias, y de los pueblos originarios” (66). Nótese que no se trata de una participación incidente sino vinculante, por lo que prima el parecer de los gobiernos regionales y locales, y de los pueblos originarios, por sobre la voluntad del ejecutivo y el legislativo. Ello es consistente con la afirmación de que la política exterior deja de ser una “política de Estado”, la que califica de “vertical y estática” (63). Piénsese solo en la complejidad del proceso de ratificación de un tratado comercial, enfrentado a esta nueva modalidad.

Ahora bien, uno pudiera pensar que esa es una política hacia el futuro. No es así: el Minrel “deberá revisar los acuerdos comerciales que estén en vigencia para evaluar su pertinencia en el marco del nuevo modelo de desarrollo” (66). Ello introduce un gran elemento de incertidumbre en las relaciones económicas internacionales, la apertura externa, y el respeto por los tratados vigentes. ¿Significa lo anterior que estos serán revisados unilateralmente, como sugiere el texto? ¿Dónde queda el principio Pacta sund servanda (lo pactado obliga), que es la clave del Derecho de los Tratados? Cabe recordar que el texto de la Nueva Constitución que se discute actualmente en la Convención Constitucional “deberá respetar (…) los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” (art. 135, inciso final de la Constitución). ¿En qué queda todo esto?

Pero hay más. “No se firmarán nuevos tratados comerciales, incluyendo el TPP-11, mientras no se hayan revisado los procesos de participación ciudadana, de gobiernos locales y regionales y de los pueblos originarios, y los parámetros de alineamiento con principios feministas, verdes y descentralizadores” (66). Prescindiendo incluso del TTP-11, sobre el cual subsisten una serie de mitos y prejuicios, la evaluación y revisión de los tratados comerciales vigentes introducirá un gran elemento de incertidumbre, conduciendo a una virtual parálisis en el campo de las relaciones económicas internacionales.

Todo lo anterior se aplica no solo a los acuerdos comerciales sino a los acuerdos sobre inversión: “Se revisarán los procesos de evaluación y suscripción de tratados de inversión bilateral (…). Asimismo, se deberán revisar los tratados de inversión bilaterales vigentes para evaluar su pertinencia en el marco de un nuevo modelo de desarrollo” (67). Valga lo dicho anteriormente sobre los efectos de las medidas anteriores en materia de acuerdos comerciales y de inversión, la gran incertidumbre que introduce, y los efectos de una revisión unilateral en términos de los tratados comerciales y de inversión que han sido ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

Lo que hay detrás de estas medidas y de esta política es un neo-soberanismo que sustituye a la apertura externa y la dinámica inserción internacional que ha caracterizado a la política exterior y la estrategia de desarrollo en los últimos 30 años, y que ha traído progreso y bienestar al país. Un corolario de este neo-soberanismo es que el nuevo horizonte de la política internacional se dirige a la incorporación como miembro pleno del Mercosur, un tratado que nunca ha dado los frutos esperados.

No es el único ejemplo de neo-conservadurismo el que encontramos en la política exterior y las relaciones económicas internacionales. Otro ejemplo es el de las relaciones laborales, más vinculadas a la era industrial que a la era digital. Es así como se extiende la negociación colectiva y la huelga a la administración pública, con señalamiento de que los trabajadores a honorarios y subcontratados pasan a ser funcionarios públicos. Se incluye la negociación colectiva multinivel/ramal -una apuesta que no toma en cuenta la gran heterogeneidad de las empresas chilenas, por ejemplo, en materia de productividad, dentro de una misma rama de actividad- y se extiende la negociación colectiva y la huelga a contratos por obra o faena (87). Se deja sin efecto la reforma laboral del segundo gobierno de Bachelet en términos de la eliminación del concepto de “servicios mínimos”, de la facultad de la empresa principal de sustituir a la empresa contratista, y de la modificación unilateral de turnos y las adecuaciones necesarias, todo ello en el caso de huelga. Se reduce la jornada de trabajo de 45 a 40 horas, con igual remuneración, y se propone una “democratización de la economía” en términos de “la codeterminación en las grandes empresas, mediante un 50% de representación de trabajadores en los directorios” (90). La cogestión de las empresas es la nueva modalidad de la democratización de la economía al interior de las empresas.

Se podrá considerar en su propio mérito cada una de las medidas anteriores, con sus pros y sus contras. Lo que quiero enfatizar es que el conjunto de ellas, en términos de relaciones laborales, da cuenta de las características de una sociedad industrial del siglo XX, más que de una sociedad digital del siglo XXI. Algunos podrán considerar que todo lo anterior es muy “progresista”. Solo queremos llamar la atención sobre los elementos de rigidez y los incentivos al conflicto en las relaciones laborales a que todo ello puede conducir en el sector público y privado.

El programa de Boric y el Frente Amplio tienen un claro sesgo anti mercado, anti sector privado y anti globalización (principalmente en materia de libre comercio). Todo lo anterior lo relaciona con la superación del modelo neo liberal. En su reemplazo propone el concepto de “Estado emprendedor” como el gran articulador de la estrategia de desarrollo. Bajo esta modalidad se comprende, entre muchos otros aspectos, la creación de al menos nueve nuevas empresas estatales: Empresa Nacional del Litio, de Hidrógeno Verde, de Telecomunicaciones, de Administración y Desarrollo de Infraestructura, Comercializadora de Materiales de Construcción, de Industrialización de Viviendas Sustentables, de Tratamiento de Residuos, además de una nueva Banca de Desarrollo y Banco de Viviendas Públicas. Todo lo anterior sin perjuicio de la creación de una gran cantidad de nuevos organismos públicos, que no tenemos la posibilidad de incluir por razones de espacio.

Vayamos al sector productivo y tomemos un solo ejemplo, el del desarrollo minero, entre otros que podríamos mencionar. Bajo el discurso, el relato y la crítica al “modelo extractivista”, como expresión del “neo liberalismo”, sobre cuya relación existen una serie de mitos y prejuicios -ver los libros de Patricio Meller de los últimos tres años sobre los mitos y prejuicios que existen en esta materia- se incluyen un conjunto innumerable de medidas, políticas, agencias, intervenciones, para alejarse del “modelo neo liberal”.

SALA DE PRENSA

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR