Esfuerzos ha habido por parte del Fisco y de eso no hay duda. Sin embargo, existen inercias en el uso de los recursos que frenan la profundidad de los ajustes y más aún, crecen las necesidades y las exigencias de financiamiento.

Meses antes del terremoto, la futura administración Piñera planteó como un crecimiento moderado del gasto fiscal promedio, entre un 4% y un 5% real en el período 2010-2013, estableciendo una notoria diferencia con el 16,9% de crecimiento en 2009.

A la fecha, dicho compromiso se ha cumplido. En 2010, con terremoto y todo, el gasto fiscal avanzó 7% real, mientras que en 2011 registró un 3,2%. Para este año, en tanto, se proyecta un 5,3%, cifra corregida al alza tras la discusión del Presupuesto 2012, debido a los recursos que se suplementaron en educación.

Además, hubo recortes de gasto de US$700 millones (2010) sacados del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR) y suplementados al Fondo de Emergencia para la Reconstrucción, y de US$750 millones (2011), con el objetivo de contener las presiones inflacionarias, consecuencia de las alzas en los precios del petróleo y los combustibles.

Las razones para el primer y segundo ajuste de gasto tuvieron motivaciones diferentes. Para el de hace dos años, eran los requerimientos del terremoto, pero en el segundo efectivamente el discurso apuntó a recortar viáticos, horas extras, uso de autos, etc, es decir, aquello que se califica como la “grasa” del gasto fiscal.

Así, el resultado para el gobierno central como porcentaje del PIB llevó al gasto a descender desde un 23,2% en 2009, a 22,1% en 2010 y luego a 21,6% en 2011.

Sin embargo, este año se está escribiendo distinto. Y es que el aumento real del guarismo, ha tenido correlato en su participación como porcentaje del PIB, que se elevó a 22,8%, siete décimas por encima del registro de 2011.

Compromisos permanentes ¿Dónde ha ido el mayor gasto?

Qué duda cabe que el debate sobre el financiamiento quedó marcado en la tramitación presupuestario de 2012 dados los mayores requerimientos en educación. En razón de ello, de hecho, se encuentra en análisis la reforma tributaria, que recaudaría entre US$700 millones y US$1.000 millones.

El análisis que se hace al interior del gobierno plantea que la ecuación entre más recursos destinados a educación, versus un incremento del ingreso permanente por una mayor recaudación tributaria, no afecta el resultado neto. Esto, más allá de la discusión de si los recursos frescos son suficientes, de alguna manera deja zanjado el tema.

Pero para el economista de Cieplán, Jorge Rodríguez, no se puede decir lo mismo sobre otras iniciativas que sí requieren financiamiento permanente, ante lo cual no median mayores ingresos.

Es el caso de la extensión del pos natal, la eliminación del 7% en salud y el ingreso ético familiar, entre otros. “Si uno hace una suma rápida de todo eso, da unos US$900 millones de gasto extra al año, sin considerar los nuevos anuncios como el futuro subsidio al Transantiago, la nueva carrera docente y el Fondenor, entre otros”.

Bajo esa lógica, por cierto que el cómo financiar esos requerimientos es un tema, sobre todo pensando que la meta de la actual administración es reducir el déficit fiscal a 1% del PIB.

Fuentes de gobierno dicen que hay claridad respecto de cuáles iniciativas están en debate y cuánto cuestan, según los informes financieros de la Dipres, por lo que hay pocas sorpresas. Así, “podemos anticipar que va a existir el gasto, reasignar del ministerio que corresponda o bien obtener recursos del Tesoro Público”, explican.

Según la economista de LyD, Cecilia Cifuentes uno de los puntales para generar más recursos al Fisco es el crecimiento económico y en eso, la actual administración ha contado con buena estrella, incluso en un contexto de crisis externa.

Por lo mismo, cree -y en eso concuerda con Rodríguez- que en materia de eficiencia en el gasto, todavía queda por hacer, sobre todo si el escenario económico cambia.
Si la sociedad demanda mayores bienes públicos, como ocurre con los países a medida que se desarrollan, el peso del Estado debe ser mayor
¿Cuál debiera ser el gasto óptimo para un país como Chile?

Según Cecilia Cifuentes, uno de los grandes problemas para hacer eficiencia en el gasto público, tiene que ver con los compromisos permanentes del Fisco, que equivalen en torno a un 80% del gasto y están determinados por ley, mientras que sólo el 20% restante tiene espacio de flexibilización. De esta forma, si bien se ha hecho esfuerzo de gestión, la contención del gasto ha apuntado más bien a limitar su crecimiento.

Bajo esa lógica, advierte que “no deja de tener un doble mérito decir que se está financiando el programa de gobierno, se están aprobando nuevas políticas de gasto y a pesar de ello, el gasto ha crecido menos que en el gobierno anterior”.

Sin embargo, definir un gasto fiscal “ideal”, es más difícil. Reconoce que no existe una respuesta única, y que más bien depende del rol que se le asigne al Estado, si uno subsidiario -que le obliga a actuar cuando el sector privado no es capaz de cubrir una necesidad- o bien un Estado que deba participar en todo.

En ese sentido, sostiene que una gran tarea pendiente pasa por reformas complejas que tienen que ver con el estatuto administrativo y la política laboral del sector público, “donde estamos en una suerte de inamovilidad respecto de los incetivos que son por antigüedad y no por eficiencia”, dice.

Jorge Rodríguez añade un matiz que tiene que ver con la sustentabilidad del gasto fiscal en el tiempo, diferenciando el corto y el largo plazo.

“En lo coyuntural, la política fiscal debe ser contra-cíclica, aumentando más el gasto cuando el sector privado anda más lento y viceversa, cuando el sector privado está más dinámico, el gasto público debe ajustarse para no generar presiones inflacionarias”, sostiene. Respecto de lo permanente, el experto de Cieplán coincide con su par de Libertad y Desarrollo.

“En el fondo es una discusión sobre el tamaño de Estado que la sociedad quiere tener. Si la sociedad demanda mayores bienes públicos, como ocurre con los países a medida que se desarrollan, el peso del Estado debe ser mayor. Pero no hay un número mágico”, subraya.

Fuente: Pulso