Jorge Rodríguez analiza en un documento de trabajo una serie de referencias para enriquecer el debate en torno a la educación superior en Chile. El investigador senior de CIEPLAN describe el sistema actual de financiamiento, junto con avances reciente, y esboza algunas propuestas para mejorar el sistema chileno.

Chile ha experimentado en los últimos años un fuerte avance en la cobertura de la educación superior. En el período 2006-2009 se incorporaron cerca de 200.000 nuevos estudiantes al sistema, alcanzando la matrícula en 2009 un total de más de 830.000 alumnos. Esto implica una tasa de crecimiento promedio anual de 10%, donde los mayores aumentos se observan en la matrícula de los Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT), con tasas de crecimiento promedio anual de 19% y 16%, respectivamente.

El fuerte aumento en la matrícula de educación superior ha sido más significativo en los segmentos más vulnerables. En el período 2003-2009, la matrícula total de educación superior aumentó en 53,8%, mientras que la matrícula de los estudiantes pertenecientes a los tres quintiles más vulnerables creció 65%, donde destaca el primer quintil con un crecimiento de 94,4%. 

Sin embargo, detrás de este crecimiento en la cobertura se encuentra una estructura de financiamiento desigual. Mientras en los países de la OCDE el financiamiento público para la educación superior representa en promedio 72,6% de la inversión total, en Chile la relación es inversa, siendo el financiamiento público un 16,1%. Es decir, gran parte de la carga de financiamiento recae sobre las familias. Para las familias de estrato socio-económico más vulnerable el peso es mayor. El 20% de la población más pobre del país gasta en promedio 30,5% de sus ingresos en educación superior, mientras que el 20% más rico gasta 8,5% de sus ingresos en esta área.

“El éxito de haber logrado aumentar la cobertura de educación superior es lo que plantea los desafíos fundamentales que hoy deben enfrentarse: asegurar que los jóvenes cursen estudios de calidad y evitar que el acceso a la educación superior se transforme en una carga financiera desproporcionada”, dice Rodríguez. 

El Aporte Fiscal

El Aporte Fiscal para la educación superior se divide entre los aportes a las instituciones y los aportes a los estudiantes. En los últimos años ha existido una fuerte priorización de estos últimos, que pasaron de representar el 41% del total del aporte fiscal en 2006, a 66% en 2010.

Por el lado de los aportes a las instituciones, los instrumentos de financiamiento requieren de una urgente actualización, pues en su mayoría fueron diseñados hace 30 años, en un contexto en el que existían ocho veces menos instituciones que hoy. 

Por el lado de los aportes a estudiantes, se requiere una reordenación, pues existen dos sistemas de créditos, uno mucho más generoso que otro, y variadas becas con distintos requisitos y beneficios. Se requiere, por tanto, avanzar hacia un esquema integrado y coherente de ayudas estudiantiles, afirma el investigador.

Dejar de apagar incendios

Jorge Rodríguez esboza una serie de sugerencias, algunas de las cuales están presentes en las propuestas más recientes de autoridades, parlamentarios y el estamento educacional, para avanzar en mejorar la calidad y el sistema de financiamiento de la educación superior. Pero el investigador enfatiza que “no se puede seguir en un esquema en que periódicamente se entregan fondos extraordinarios para ir apagando incendios; se requiere un cambio más estructural, que implique recursos permanentes para hacer sustentable el apoyo público a la educación superior”.

Algunas de las propuestas que delinea, son:

• Exigir acreditación y estándares de calidad institucionales asociados a resultados como requisito estricto para acceder a recursos públicos (ya sea que financien a las instituciones o a los alumnos).
• Reordenar sistemas de becas y créditos: becas para alumnos meritorios de primer y segundo quintil, y créditos para los del tercer y cuarto quintil (lo que de paso requiere perfeccionar el sistema de identificación socioeconómica de los alumnos). 
• Reordenar los instrumentos de financiamiento público a las instituciones, vinculándolos a la “provisión de bienes públicos” como docencia, investigación, educación de alumnos vulnerables y aporte al desarrollo regional, exigiendo rendición de cuentas y convenios de desempeño.
• Otorgar financiamiento basal a las universidades estatalesa cambio de reformar su gobierno corporativo, lo que implica mayor transparencia, rendición de cuentas y responsabilización sobre el manejo financiero.

Fuente: Cieplan