Diario El Mercurio dedicó su editorial a destacar las fortalezas del Estudio CEP-CIEPLAN sobre Criterios para una Refoma Tributaria.
Desde que el Gobierno optó por dar lugar en su agenda a una amplia reforma tributaria, este tema está provocando un vivo debate público. Aunque tienen obvias connotaciones políticas, son tan importantes las consecuencias económicas y sociales de las reformas que se proponen, que la voz de los expertos debe ser escuchada y considerada con atención. Por ello, cabe destacar la iniciativa conjunta del Centro de Estudios Públicos y de Cieplan, liderada por el ex presidente del Banco Central Vittorio Corbo y el ex ministro de Educación y ex director de Presupuestos durante la Concertación José Pablo Arellano, de presentar una visión balanceada y sustentada en lo técnico, sobre las opciones recomendables para perfeccionar nuestro sistema tributario y elevar su rendimiento fiscal.
Aunque tiene elementos comunes, la propuesta difiere tanto de la presentada por el Gobierno como de la elaborada por la comisión técnica designada por los partidos de la oposición, bajo la dirección del senador Lagos Weber. La iniciativa gubernamental, como es sabido, propone elevar en el equivalente a alrededor de uno por ciento del PIB la carga tributaria sobre las empresas, incrementando a 20 por ciento su tasa y modificando normas que se estima alentarían una elusión injustificada. Destinaría aproximadamente la mitad de los recursos recaudados a rebajar los impuestos a las rentas personales, al crédito y a las importaciones, dejando el saldo disponible para engrosar el presupuesto fiscal, por ejemplo, en la prioritaria área de la educación.
En lo medular, la propuesta de la oposición apunta también a subir los gravámenes a las utilidades de las empresas. Tratándose de los ingresos provenientes del capital, plantean alterar el principio de que las rentas personales tributan cuando se perciben. Así, los socios y accionistas, cualquiera fuese su posición económica personal o el tamaño de la empresa en cuestión, pasarían a pagar impuestos por la utilidad devengada de las empresas en las que mantienen sus inversiones, independientemente de si ellas hubiesen repartido o reinvertido tales ganancias. Calculan que el cambio permitiría incrementar la recaudación en dos por ciento del PIB. Su contrapartida sería un fuerte aumento en la tributación de los ahorros mantenidos por empresas y sociedades. Es difícil conciliar esto con la necesidad de fortalecer el ahorro privado (cuyas dos terceras partes provienen de esa fuente), de impulsar la inversión por parte de empresas grandes y pequeñas, de atraer inversión extranjera y de ampliar y democratizar el mercado bursátil.
Los institutos concuerdan en que, en lo esencial, nuestro sistema de impuestos a la renta es eficiente y estimula el ahorro y la inversión
La propuesta CEP-Cieplan también busca incrementar en alrededor de dos por ciento del PIB la recaudación tributaria, pero no carga la mano principalmente sobre las empresas. Más de la mitad de la recaudación esperada proviene de la reducción de la evasión al IVA por la masificación de la factura electrónica, la eliminación de exenciones en bienes raíces y un fuerte incremento en los impuestos a los combustibles, particularmente el diésel. Los institutos concuerdan en que, en lo esencial, nuestro sistema de impuestos a la renta es eficiente y estimula el ahorro y la inversión. Alterarlo en el sentido que plantean los partidos de oposición no parecería prudente a la luz de los exigentes requerimientos que imponen nuestras aspiraciones de crecimiento económico, creación de empleos y superación de la pobreza.
Conforme con la tónica del debate en curso, la propuesta de los centros de estudio discurre sobre cómo elevar la carga tributaria, pero no ahonda en qué justificaría el cambio. Al contrario, sugieren que la actual carga tributaria es de tamaño razonable para una economía con nuestro nivel de desarrollo, y que su estructura tiene muchos méritos, incluso cuando se la compara con países desarrollados. Independientemente del juicio sobre los aspectos técnicos y viabilidad política de sus recomendaciones, parece ser que el debate de fondo sobre por qué y para qué incrementar hoy el tamaño del Estado en Chile sigue ausente.
Fuente: El Mercurio