Economistas de oposición instan a acuerdos con la derecha para impulsar reformas sociales y tributaria

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Más allá de las exigencias del binominal y de los quórums de aprobación, a la hora de proyectar cambios económicos la pregunta es qué tan necesario sigue siendo buscar acuerdos transversales. ¿Qué hacer ante la previsión de un triunfo opositor y un futuro programa con transformaciones de gran magnitud? La experiencia de la reforma tributaria del gobierno de Aylwin, que recaudó casi lo mismo que lo que pretende Bachelet, parece ser clave para enfrentar el dilema.

La idea la planteó el economista DC Alejandro Micco en el último seminario de Cieplan sobre reformas fiscales: la similitud del escenario actual con el que se dio al término de la dictadura, donde las previsiones de un triunfo del candidato opositor y el ambicioso programa de reformas planteado, llevaron a parte de la derecha a actuar con pragmatismo, aceptando y negociando ajustes relevantes (tributarios, laborales y políticos) con el objetivo de fondo de «preservar el modelo».

Así, recordó Micco, tras instalarse el nuevo gobierno democrático, en sólo tres meses se aprobó una reforma tributaria de 1990, «la única que ha generado un cambio significativo en la recaudación, estimado entre 2 a 3 puntos del PIB».

Ello permitió que rápidamente se comenzaran aplicar las políticas sociales que se financiarían con esos nuevos recursos. «Esta celeridad se relaciona con la preocupación que existía entre los partidos de derecha sobre la necesidad de validar el sistema económico en toda la población, y por ende, darle estabilidad. De hecho, Renovación Nacional apoyó la reforma e incluso en ese momento Sebastián Piñera dijo que la reforma no fue impuesta, ya que él también la habría hecho», comentó.

Micco, quien recientemente se integró al área programática del comando de Michelle Bachelet, insistió en que la creciente percepción ciudadana de inequidad social y críticas al modelo económico ponen de relevancia la necesidad de que la reforma tributaria que ha propuesto la oposición «se pueda aprobar e implementar de forma relativamente expedita y así generar recursos para financiar los cambios en educación».

Agregó que a la hora de abordar «la economía política de esta reforma tributaria», un punto importante será «plantear la importancia de validar el sistema, al igual que en la reforma de los años noventa».

El tema de fondo, que políticos y economistas ya comienzan a esbozar, es si la política de construir consensos para hacer viables las reformas de envergadura sigue siendo necesaria, más allá de las exigencias que plantea el binominal y los altos quórums de aprobación. Es una materia que recién comienza a discutirse en la oposición, donde hay quienes dicen que ya no es necesario llegar a consensos y que en cambio es el momento de «pasar la aplanadora».

Iguales o diferentes

¿Qué tan distinto es el escenario hoy, en que la candidata Bachelet ha planteado una reforma tributaria que recaudaría 3 puntos del PIB para financiar cambios en educación y otros avances sociales, y las encuestas predicen su triunfo en las presidenciales de noviembre?

«No son escenarios similares», dice el economista y ex superintendente Guillermo Larraín, quien sostiene que si bien hoy «no estamos en un momento fácil», hay menos incertidumbre que en los 90, la oposición está menos aglutinada, la gente se siente menos representada por los políticos y los desafíos de la sociedad son muy distintos, como es lógico en un país que ha vivido un gran avance en su nivel de ingreso per capita.

«Tiendo a pensar que el chileno medio está muy contento con algunas cosas del modelo, porque es consumista y le gusta la autonomía que entrega el mercado, pero no está preparado para hacerse cargos de los riegos que existen. Hay que corregir lo segundo para que lo primero pueda sobrevivir, y eso implica mejorar la educación, pensiones, salud. Debe ser posible juntar progreso social y económico. Y es muy útil que se trate de lograr acuerdos, pero éstos no sólo deben satisfacer a las cúpulas», comenta.

Y aquí Larraín detecta un problema. Es que a diferencia de los 90, cuando había una oposición cohesionada, con liderazgos calificados y de amplia aceptación popular, «hoy los líderes políticos tienen menos arrastre y, salvo por la figura de Bachelet que tiene un imán particular, la clase política está en situación de descrédito y por lo tanto no es seguro que los acuerdos a los que se lleguen sean aceptados por los votantes», advierte.

A su juicio, para que estos acuerdos tengan efecto «la oposición que tiene que hacer más política para la gente y menos para los acuerdos internos»; mientras que la derecha «no debe actuar sólo por pragmatismo, sino además buscando una genuina democratización, porque hoy vemos un debate de egos y poder, no un debate país. No tienen hipótesis ni propuestas de solución sobre lo que está pasando».

Cambios con consenso

Para el economista de Cieplan, Jorge Rodríguez, es difícil hacer un paralelo exacto entre hoy y fines de los 80. «Entonces había un hecho objetivo de cambio de ciclo, que era el retorno a la democracia, mientras que ahora, en vez de un hecho puntual, existe una tendencia de una sociedad que se ha vuelto más empoderada y exigente y, con razón, menos tolerante a las injusticias», explica.

No obstante, agrega que «de la experiencia de 1990 rescataría la necesidad de construir consensos transversales para abordar cambios estructurales como país, como puede ser desarrollar un sistema educativo más justo, inclusivo y de mayor calidad, junto con el financiamiento sustentable que ello requiere a través del sistema tributario».

Esto porque, a su juicio, reformas de gran relevancia respaldadas en consensos «tienen mayor probabilidad de sobrevivir en el tiempo, como lo fue justamente el énfasis en el gasto social que se puso dese 1990 a la fecha, junto con la reforma tributaria que lo hizo sostenible al recaudar entre 2 y 3 puntos del PIB adicional por año»

Por su parte, el economista y gerente general de la consultora Aserta, Hernán Frigolett, plantea que el avance en materia económica no ha tenido un acompañamiento en lo social, por lo que estima que hoy es necesario lograr mejoras sustantivas en educación, salud y previsión junto a la revisión de ámbitos formulados en dictadura como lo laboral y la Constitución. No obstante, dice que «la revisión debe ser inclusiva y el debate, transversal, pero no desde la tribuna de un sistema político excluyente y en el que la representatividad está alterada», advierte.

A su juicio, el ajuste tributario planteado es razonable. «No se trata de magnitudes de recursos que sean desestabilizadoras», asegura, y agrega que al eliminar un conjunto de excepciones que provocan inequidades se tendrán más recursos para fortalecer la oferta de bienes públicos con mayor cobertura y mejor calidad, «lo que permitirá mayor emprendimiento, mejor regulación y por supuesto mayor cohesión social».

Frigolett, que integra el grupo Nueva Economía que defiende el modelo de estado de bienestar europeo, destaca en esta línea el ingreso de Chile a la OCDE, ya que esa organización aporta un amplio abanico de buenas prácticas en materia de políticas públicas conducentes al desarrollo. Esto, dice, debería incidir en «construir un ordenador que vaya más allá de la coyuntura de un período de gobierno», lo que a su juicio implica tomar conciencia del «agotamiento del modelo actual» y por ende de la necesidad de diseñarse «otro modelo conducente al desarrollo social».

Sobre la necesidad de construir consensos para hacer factibles estos avances, opina que este tipo de pactos deben abordarse en la medida «que se van concretando iniciativas por parte del Ejecutivo, que es el que detenta la confianza ciudadana y posee compromisos políticos que debe materializar».


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Fuente: La Segunda


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