Desigualdad territorial: en Chile no da lo mismo dónde se nace

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Nueve estudios y 57 propuestas sobre la desigualdad territorial en Chile se presentaron ayer en el seminario organizado por el centro de investigación Rimisp. Una agenda regional que ya está en manos de los candidatos a la presidencia.

La Región Metropolitana concentra el 40% de la población total, seguida por Biobío que representa el 12%. En tanto, Aysén es la zona con menor número de habitantes, registrando el 0,6% del total. Casi el 80% de la población se ha asentado entre Valparaíso y Concepción, en un tramo costero inferior a 600 kilómetros, debido principalmente al proceso de industrialización. 

Chile se ha fraccionado en tres zonas determinadas por su geografía, energía y población. El centro, desde Copiapó a Puerto Montt, que concentra el mayor desarrollo poblacional, productivo y de infraestructura; el norte, desde Antofagasta hasta Copiapó; y el sur, desde Los Lagos hasta la zona austral. Los dos últimos en claro desequilibrio respecto del primero.

Esto es parte del diagnóstico de economistas, expertos y académicos que desarrollaron 9 estudios respecto a la desigualdad territorial en Chile, para el Centro de Investigación Rimisp, y que fueron dados a conocer ayer en un seminario, que contó con el análisis del ex presidente Ricardo Lagos y del subdirector de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial de la OCDE, Mario Marcel.

De los documentos, se concluyó la llamada “Nueva Agenda Regional” (NAR), que contiene 57 propuestas para la descentralización, que han sido presentadas a los candidatos presidenciales y a distintos actores del ámbito político.

DESIGUALDAD EN EL MERCADO LABORAL

Una de las metas de este gobierno es alcanzar el desarrollo para el 2018, lo que se traduce en un PIB per cápita de US$20 mil . Sin embargo, la Agenda concluye que sólo 4 regiones lograrían esa condición “porque las oportunidades de desarrollo y bienestar en el país no son iguales para todos y se concentran en pocos territorios, en desmedro de otros”, dice el documento.

Uno de los pilares fundamentales para lograr la igualdad de condiciones en el país, está radicado en las oportunidades de trabajo. Conociendo esta premisa, las estadísticas de participación y desempleo evidencian una importante y persistente heterogeneidad en Chile.

“La estructura productiva de las regiones y el tamaño de las empresas, entre otros, determinan las características del mercado laboral de cada territorio y condicionan las posibilidades de desarrollo de sus habitantes”, señala el estudio de desigualdad territorial en el mercado laboral, desarrollado por la directora de estudios de ComunidadMujer, Andrea Bentancor.

Según este documento, en Chile la participación laboral es del 56%, sin embargo, existen regiones que no alcanzan el 52%, como Coquimbo, Biobío, Araucanía y Los Ríos, mientras que otras como Aysén, Magallanes y la Región Metropolitana superan el 58%.

Otro dato relevante, según la investigación de Bentancor, es que la desocupación promedio del país es de un 7,7%, una situación muy diferente a la de Biobío y La Araucanía donde sitúa por encima del 12%, y Los Ríos, donde alcanza un 10%. Además Biobío y La Araucanía concentran una tasa de desempleo femenina significativamente más alta que en las demás regiones. Todo lo anterior en un contexto de crecimiento del PIB cercano al 6%.

Los expertos concluyen que la transferencia de recursos desde el gobierno central hacia los niveles subnacionales es obstaculizada por razones políticas.

Respecto a la concentración de ocupados, la mayor se da en la Región Metropolitana con un 44%, en tanto que para el resto de las regiones -con excepción de Valparaíso y Biobío que alcanzan un 10% a cada una- la proporción de trabajadores y trabajadoras es muy baja.

Según Bentancor “detrás de las disparidades observadas están, entre otros factores, décadas de ausencia de una política industrial explícita que apuntase a estimular y desarrollar polos territoriales, vacío que intentó llenarse con la creación el año 2005 del Consejo Nacional de Innovación y el potenciamiento de clusters, sin embargo, esa estrategia de innovación con atisbos de política industrial no se sostuvo en el tiempo”.

Entre las propuestas de la experta para terminar con esta desigualdad en el mercado laboral están reformar los programas sociales de capacitación vía SENCE; incorporar en los programas de empleo las diferencias en los contextos de aplicación; y expandir la cobertura de cuidado pre-escolar, ampliándola además a lo escolar y para adultos dependientes, entre otras.

Para el ex presidente Lagos, este tema debiera ser prioridad entre los candidatos a la presidencia. 

“El lugar donde uno nace tiene que ver con el tipo de vida que uno va a tener. Este tema es muy importante, porque hay que ver lo que ha ocurrido en el último tiempo con la protesta en Aysén, en Freirina, en Calama, es decir, la ciudadanía desde su punto de vista se siente insatisfecha”, destaca.

DESIGUALDAD FISCAL 

Otro de los temas que acaparó la atención de los asistentes al seminario fue el estudio de descentralización fiscal, desarrollado por el ex director de Presupuestos, Sergio Granados y el economista de Cieplan, Jorge Rodríguez. En él se sostiene que entre 2005 a 2012, el presupuesto inicial, para los Gobiernos Regionales (GORE), más las provisiones se ha más que duplicado en términos reales, creciendo a una tasa promedio anual de 11,4%. 

A pesar de este aumento, dice el estudio, parte importante del programa de inversiones corresponde a provisiones (en promedio en el período alcanzan el 51%), que son asignadas durante el año. Además indica que “si bien se observa una tendencia en general creciente respecto del peso relativo del presupuesto de inversiones de los GORE en relación a la inversión pública total, alcanzando un máximo de 15,1% en el año 2012 y un promedio de 13,4% en el período, estas cifras se sitúan aun muy por debajo de las de otros países, tales como los que forman parte de la OCDE, que en promedio tenían en 2004 un gasto subnacional correspondiente al 36% del gasto público total”.

Frente a esto, los expertos concluyen que la transferencia de recursos desde el gobierno central hacia los niveles subnacionales es obstaculizada por razones políticas.

Agregan que “para que el gobierno central esté dispuesto a avanzar en descentralización fiscal, necesariamente ello debe ir en paralelo con una mayor rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad política por los resultados de parte de los propios gobiernos regionales, de manera que el poder central perciba que la descentralización fiscal puede generar un mejor uso de los recursos públicos”.

Entre las propuestas para avanzar en la descentralización fiscal, se encuentran: crear por ley un Fondo de Convergencia Regional para apoyar el desarrollo de los territorios más rezagados en materia de desarrollo socioeconómico; establecer por ley un impuesto específico, de beneficio para los municipios y para los GORE, a aquellas actividades empresariales y proyectos de inversión que por su naturaleza generen externalidades negativas en el territorio donde se ubican; implementar un mecanismo de “poder de decisión” de los Gobiernos Regionales, consistente en incorporar en sus presupuestos, recursos que hoy son sectoriales; y crear una ley de responsabilidad fiscal sub-nacional que abarque tanto a Gobiernos Regionales como a municipios, entre otras.

Frente a estas propuestas, Lagos indicó que “si se va a dar autorización sobre ciertos tributos que puedan ser establecidos por los GORE, de igual forma se debe mantener un vínculo con el gobierno central para que apruebe ese financiamiento”. Esto, con el objetivo de mantener un manejo macroeconómico adecuado.

Por su parte, Marcel sostuvo que la descentralización fiscal no es sólo sobre cómo se generan y gastan los recursos en el nivel regional, sino que también de los organismos centrales aseguran que estos responden a las preferencias de la ciudadanía. “Se trata de avanzar hacia las realidades de cada región, no todas pueden crecer de la misma manera, con las mismas políticas”.


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