En su presentación, María Paz Troncoso, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, muestra el estado de avance y plantea los desafíos que imponen las leyes N°s 21.073 y 21.074, que modifican la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional, y sus respectivos reglamentos, con un loco en la descentralización administrativa. Esta incluye la transferencia de 15 competencias desde el nivel central a los Gobiernos Regionales, bajo el acompañamiento de las instituciones en las que hoy día están radicadas dichas potestades. Junto con la figura del Administrador Regional y del Jefe de la Unidad de Control, se crean las divisiones de Fomento e Industria, Infraestructura y Transporte, y Desarrollo Social y Humano, con sus respectivos equipos de profesionales.
Paralelamente se avanza en la Ilamada “Ley Corta de Descentralización“, a partir de los trabajos de una mesa técnica de descentralización ocupada en la revisión y proposición de mejoras que permitan una adecuada puesta en práctica de la ley N° 21.074, con énfasis en el procedimiento de transferencia de competencias. En su fase final se debatió la importancia de establecer normas para el financiamiento y responsabilidad fiscal, que fue un aspecto que no estuvo incorporado en la discusión de la ley N° 21.074 y que tiene que ver, precisamente, con el proyecto de ley de financiamiento regional. Entre otros aspectos, se establecen restricciones presupuestarias, de modo de evitar que el gobernador comprometa gastos que exceden el marco presupuestario y, también, restricciones en gasto corriente como, por ejemplo, el gasto en personal, junto con nue- vas normas sobre flexibilidad presupuestaria.
Hacia el futuro, el principal desafío se refiere al debate constitucional. En segundo lugar, una vez asumidos los gobiernos regionales, el énfasis debe estar dado por la capacidad de tender puentes entre las autoridades y concertar una visión compartida del territorio al servicio de la población. Un tercer desafío se refiere a la necesidad de establecer ámbitos de acción complementaria y no competitiva entre las distintas autoridades regionales. Finalmente, y relacionado con los puntos anteriores, otro desafío es promover el conocimiento del quehacer de cada una de las esferas y las instituciones por parte de la ciudadanía.
Todo lo anterior supone asumir que la descentralización, desde la perspectiva de la modernización del Estado, debe ser entendida como un proceso gradual y continuo, acorde a las características y desafíos que caracterizan a cada uno de los territorios.
En su comentario, Patricio Aroca advierte que, junto con la descentralización político-administrativa (en que advierte el peligro, desde la experiencia comparada, de la corrupción, y la necesidad de evitar la «duplicidad administrativa”), debe ponerse el énfasis en la desconcentración de las actividades económicas y productivas. La concentración de las actividades económicas (el 80 por ciento de to das las ventas que se realizan en el país pertenecen a empresas cuya propiedad es de personas que habitan la Región Metropolitana), es tan perniciosa como la concentración del poder político.
Adicionalmente, en el proceso de descentralización, las regiones deben jugar un papel más estratégico y las comunas un papel más operativo. Por su parte, de los US$ 60.000M que maneja el Estado (en una economía de unos US$ 300.000 M), solo el 12 por ciento está en manos de decisión de organismos subnacionales (gobiernos regionales y municipales). Es decir, estamos hablando de US$ 7.000 M. Todo esto, en el contexto de una aguda desigualdad territorial (tanto el mercado como la riqueza están excesivamente concentrados en la capital del País).
Por su parte, Juan Andrés Varas se autocalifica como un «creyente escéptico» en materia de des- centralización. Escéptico porque considera que las reformas políticas, las reformas administrativas y las reformas fiscales, por mucho que se pongan en práctica adecuadamente, a la larga resultan bastante incapaces de cambiarle a la gente la experiencia de la cotidianeidad que supone vivir en los territorios. Señala que la demanda por descentralización está más presente en la elite dirigente que en la población. Es la actividad de los privados (más que las realidades político administrativas) la que incide principalmente en el bienestar de la gente. Así y to do hay que darle una oportunidad de la descentralización política y administrativa; ello porque la transferencia del poder político a los territorios puede determinar que exista la necesaria presión política para que un nuevo estatuto de la inversión privada, del emprendimiento y del trabajo de las regiones vea la luz.