Mientras por un lado es calificado como un gravamen “distorsionador” que inhibe la competencia, por otro, el paso del actual 0,4% al 0,8% planteado, se percibe como “eficiente”, dada la exención de IVA para las operaciones financieras involucradas.
Ruido ha generado en el ambiente económico la propuesta de la candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, de aumentar en un plazo de dos años el impuesto de Timbres y Estampillas desde el actual tope máximo de 0,4% a uno de 0,8%, en particular al contrastar lo expresado con el proyecto de ley enviado hace pocos meses por el Presidente Sebastián Piñera. Este busca disminuir hasta 0,2% la tasa máxima, y hoy se encuentra a la espera de ser discutido en el Senado.
El impuesto de timbres y estampillas, es aquél que se aplica a los documentos o actos que involucran una operación de crédito de dinero, por ejemplo letras de cambio o pagarés.
Hasta 2010, el tope del gravamen se mantuvo en el 1,2%, lo que, según las críticas, encarecía el financiamiento vía endeudamiento y actuaba como un disuasivo a la movilidad de las personas hacia opciones más baratas, por la necesidad de ser pagado en cada nuevo movimiento.
A juicio de la administración Piñera, lo anterior inhibía la competencia y perjudicaba el emprendimiento. De este modo, el 1 de enero de 2013 entró en vigencia la nueva tasa de 0,4%, en lugar del 0,6% que regía en 2012.
Y si bien, según ha reconocido el propio gobierno, cada 0,1 punto por este concepto produce una recaudación fiscal de unos US$100 millones anuales, éste argumentó que la rebaja beneficiaría a cerca de 2,8 millones de personas y a más de 366.000 Pymes.
Mirada Dispar
Jorge Rodríguez, economista de Cieplan, sostiene sin embargo que la tasa “eficiente” del impuesto de Timbres y Estampillas es de 0,8%. Remarca que los cálculos realizados en algunos estudios evidencian que “en el entendido de que el servicio financiero está eximido del pago del IVA, la tasa equivalente a este impuesto a través de la modalidad Timbres y Estampillas sería 0,8%”.
No obstante, Cecilia Cifuentes, economista de L&D, afirma que el tributo en cuestión es “distorsionador”, pues dificulta la competencia en el sistema financiero y finalmente termina favoreciendo a los bancos. “El impuesto se paga cada vez que se suscribe un nuevo crédito, por tanto, es la principal barrera para renegociar créditos con otras instituciones, porque no conviene cambiarse de acreedoras y favorece a las instituciones financieras manteniendo cautivos a los clientes”. Añade que lo propuesto es “ir en la dirección contraria a los actuales problemas de competencia del sistema financiero”.
Con todo, Rodríguez plantea un matiz: “sólo se debiese legislar para tasas más bajas en períodos inusualmente bajos de actividad económica, pero en períodos más normales debiese tender a volver a 0,8%”. Al mismo tiempo, coincide en que ante un “cambio de crédito no debiese cobrarse de nuevo el impuesto”, pues “sería una traba para cambiarse de proveedor y afectaría la competencia”.
Fuente: Diario Estrategia