El presidente de Cieplan, Alejandro Foxley, aparece citado en un artículo de BBC Mundo que incluye el tema de la reforma tributaria, en el contexto de los cambios que está impulsando el gobierno de Michelle Bachelet.

El texto que reproducimos a continuación fue escrito por la periodista Verónica Smink y no necesariamente representa el punto de vista de la institución o de sus investigadores.

Menos de un año después de que Michelle Bachelet asumiese como presidenta de Chile por segunda vez prometiendo grandes reformas, la mandataria ya presentó los principales proyectos con los que pretende generar profundos cambios en su país.

Algunas de sus propuestas legislativas buscan cambiar los cimientos de la educación, la economía y la política chilena, dejando atrás el viejo sistema que rige desde la era de Augusto Pinochet (1973-1990).

Otras iniciativas impulsan cambios sociales, que pretenden modernizar a uno de los países más conservadores de la región.
BBC Mundo analiza las 5 reformas que podrían cambiar a Chile.

REFORMA EDUCATIVA

Esta fue una de las principales promesas electorales de Bachelet.
La mandataria había sufrido al comienzo de su primer mandato (2006-2010) las protestas de los estudiantes secundarios (conocida como la «revolución pingüina», por el color del uniforme escolar).

Pero el conflicto a gran escala por la educación estalló durante el mandato de su sucesor, Sebastián Piñera (2010-2014).
Tras decenas de masivas manifestaciones de los estudiantes secundarios y universitarios, que fueron apoyadas por gran parte de la sociedad, Bachelet presentó como parte central de su plataforma electoral una propuesta para poner fin al lucro en el sistema educativo, la principal demanda de los estudiantes.

La reforma educativa de Bachelet pretende combatir uno de los principales problemas del país sudamericano: la desigualdad.
Desde que Pinochet eliminó la educación terciaria gratuita, en 1981, todas las universidades chilenas cobran la matrícula, al igual que muchas escuelas secundarias.

Eso llevó a que el país tenga la educación superior más cara del mundo, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Mario Garcés Durán, director de la ONG ECO Educación y Comunicaciones, le dijo a BBC Mundo que lejos de ser un mecanismo de movilidad social, la educación en Chile se convirtió en «un sistema de reproducción de la desigualdad».

Para revertir esto, Bachelet ha propuesto una reforma escalonada.Su primer proyecto de ley, que fue aprobado recientemente, contempla cambios en el sistema escolar.

Por un lado, garantiza una educación gratuita, eliminando gradualmente los copagos en los colegios subvencionados (que pasarán a ser financiados por el Estado).

También prohíbe que las instituciones educativas que reciben financiamiento público apliquen mecanismos de selección de estudiantes para evitar discriminaciones.
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Además responde a uno de los principales reclamos de las protestas estudiantes: una educación de calidad y sin fines de lucro. Para esto, ordena que todos los establecimientos que reciban algún tipo de aporte del Estado destinen esos recursos en mejorar la calidad y, en un plazo de tres años, se transformen en corporaciones o fundaciones sin fines de lucro.

Por ahora las propuestas de la mandataria han sido consideradas «insuficientes» por el movimiento estudiantil. Muchos padres chilenos también expresaron su preocupación de que las medidas lleven al cierre de escuelas públicas.
Algunos también critican que la reforma no alcance a los colegios privados.

Por su parte, Bachelet anunció que su gobierno alista la segunda fase de la reforma educacional que contempla la gratuidad en la universidad, la eliminación de la dependencia de los municipios y el fortalecimiento de los docentes.

REFORMA TRIBUTARIA

La reforma impositiva que propuso Bachelet -y que fue promulgada en septiembre de 2014- tiene como objetivo principal financiar los cambios en el sistema educativo.
Lea también: La reforma con la que Chile busca reducir su desigualdad.

La ley busca aumentar la recaudación fiscal en tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de aquí a 2018, lo que equivale a unos US$8.300 millones (de los cuales unos US$5.000 serán destinados a la educación).

Contempla un aumento de impuestos para las empresas y una reducción de la tasa gravable para las personas físicas.
También creará impuestos adicionales a alcoholes, bebidas azucaradas y emisiones contaminantes de vehículos, además de mecanismos de lucha contra la evasión.

Al igual que con la reforma educativa, Bachelet explicó que busca reducir la desigualdad y para esto propone que los que más tienen contribuyan más.

Las grandes empresas tendrán un aumento impositivo del 7% (del 20% al 27%) en un plazo de cuatro años.
Y se eliminará gradualmente el Fondo de Utilidades Tributables (FUT), un sistema que nació con el pinochetismo y que permite a los empresarios pagar impuestos solamente por las utilidades que retiran y no por sus ingresos totales, algo inédito en el mundo.

Los opositores al gobierno argumentan que los cambios frenarán el crecimiento de la economía, que ya atraviesa una desaceleración.

Pero el exministro de Hacienda democratacristiano Alejandro Foxley aseguró a BBC Mundo que «el legado de la reforma tributaria será permanente y significativo en el punto de vista de mejorar la distribución del ingreso».

REFORMA ELECTORAL

Una de las reformas más históricas que busca el oficialismo es el fin del llamado sistema binominal.
Así se conoce a la fórmula electoral instalada en 1980 por Pinochet.

El sistema, único en el mundo, divide el país en distritos electorales donde se eligen dos representantes.

Para que un partido obtenga ambos escaños debe sacar dos tercios de todos los votos. Si logra menos que ese porcentaje, la segunda vacante va directamente a la segunda fuerza, incluso si esa fuerza saca muchísimos menos votos que la primera.
El único requisito es que esa segunda fuerza alcance al menos el 33% de los votos (es decir, un tercio).

Según el analista político Manuel Antonio Garretón, el sistema beneficia fuertemente a la primera minoría del país, ya que el partido ganador debe duplicar los votos de la segunda fuerza para lograr el segundo escaño, y el resto de las minorías quedan excluidas.

Expertos como Garretón atribuyen al sistema binominal la prevalencia de los partidos conservadores en el Parlamento.
El analista dijo a BBC Mundo que gracias a este sistema la derecha pudo tener un número similar de congresistas que el oficialismo en el Congreso durante los gobiernos de la Concertación (1990-2010).

También posibilitó durante los casi 25 años de democracia la consolidación de dos grandes alianzas políticas, limitando el acceso de los partidos más pequeños y los independientes al Congreso.

El pasado 20 de enero la Cámara de Diputados aprobó la reforma, que ya había sido sancionada por el Senado, dando paso a un nuevo sistema electoral con carácter proporcional.
Este sistema aumentará el número de diputados de 120 a 155, mientras que los senadores pasarán de ser 38 a ser 50.
También establece que al menos el 40% de los candidatos deben ser mujeres.

Se espera ahora que el Tribunal Constitucional revise la legalidad de la ley, a pedido de la derecha para que pueda ser promulgada.

UNIÓN CIVIL PARA PAREJAS GAY

Las reformas en Chile también han alcanzado la esfera social.
La semana última el Congreso chileno aprobó un proyecto de ley que permite las uniones civiles entre parejas del mismo sexo.

Si bien el llamado Acuerdo de Unión Civil (AUC) deja a Chile lejos de sus vecinos Argentina y Uruguay en materia de derechos gay (ya que allí se aprobó el matrimonio igualitario), muchos medios catalogaron el paso como «histórico».
Después de todo, fue recién en 1999 que Chile abolió una normativa que castigaba a los homosexuales.

«Estamos felices de que el Estado reconozca, por primera vez, que una pareja del mismo sexo también constituye una familia y merece protección», dijo a la prensa el presidente de la Fundación Iguales, Luis Larraín.

El AUC permite a las parejas compartir bienes a nivel jurídico, recibir herencias y pensiones, y compartir el beneficio del sistema de salud.

No obstante no contempla el derecho a adopción.
Este proyecto, aprobado por una mayoría, había sido una promesa de campaña del expresidente Piñera, pero la falta de respaldo político impidió que avanzara en el Congreso, donde ingresó en 2011.

La norma pone a Chile a la par de países como Brasil, Colombia y Ecuador, que también permiten las uniones civiles entre homosexuales.
Ahora el gobierno de Bachelet pretender avanzar con una nueva ley que permita el matrimonio igualitario.

DERECHO AL ABORTO

Chile es uno de los pocos países del mundo donde el aborto está prohibido en cualquier circunstancia.

Esto también es parte del legado de Pinochet, quien derogó el aborto terapéutico en 1989. Ahora el gobierno de Bachelet pretende que se permita el derecho al aborto por tres causales: riesgo de vida de la madre, violación o inviabilidad fetal.

El sábado, Bachelet envió su proyecto de despenalización al Congreso, donde se espera un largo debate.
La mandataria ya había adelantado su intención de avanzar en esta área durante su primera cuenta presidencial en mayo pasado, lo que fue considerado un hito y sacudió a la opinión pública. Es que el aborto es considerado un tema tabú en Chile.

«No debe haber temas tabúes en una sociedad, es antidemocrático», dijo en su discurso la presidenta.

La controversia en torno al aborto se cobró una víctima política en diciembre pasado, cuando la entonces ministra de Salud, Helia Molina, renunció tras haber denunciado que «muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas» en costosas clínicas privadas.

Algunos miembros de la coalición gobernante, como el partido Demócrata Cristiano (DC), mostraron sus reparos a la ley presentada por Bachelet y pidieron libertad para votar «a conciencia».

Por eso, se cree que esta reforma representa el desafío más grande de la mandataria.

Fuente: Verónica Smink, BBC Mundo