La secretaria ejecutiva del Programa de Programa Legislativo de Cieplan sostiene que en el caso del ingreso ético, el Gobierno aseguró durante la discusión presupuestaria que el diseño estaba listo, pero que la iniciativa todavía no existe.

El atraso en el envío del proyecto de ley que permitía ajustar con anticipación los parámetros del Sistema de Protección de Precios de los Combustibles (Sipco) -que el Presidente se comprometió a ingresar al Congreso el jueves 10 de este mes, pero que sin embargo entró a tramitación el martes 15-, no es un hecho aislado durante la administración de Sebastián Piñera.

«Prueba de la falta de trabajo prelegislativo es que los proyectos finalmente tienen que ser enmendados en el Congreso», dice Macarena Lobos de CIEPLAN.Así lo afirman expertos de Chile 21 y Cieplan, ambos centros de estudio de la oposición. El análisis realizado durante los últimos meses por ambos think tank apunta a que las demoras entre los anuncios de las autoridades y el ingreso a tramitación legislativa de los proyectos han marcado la pauta del primer año de Gobierno, y las razones van desde dificultades presupuestarias hasta inexperiencia en la dinámica de estos procesos.

Sobre este último punto, la secretaria ejecutiva del Programa de Programa Legislativo de Cieplan, Macarena Lobos, señala que la situación refleja las dificultades que ha tenido el Ejecutivo para consensuar las posturas de diversos actores antes de enviar las iniciativas.

«Es normal que un proyecto lo vea el ministerio sectorial respectivo más Hacienda. Pero dentro de Hacienda se requiere consultar a la Dipres y muchas veces al SII. También se debe consultar a la Segpres y eventualmente a más de un ministerio. Prueba de la falta de trabajo prelegislativo es que los proyectos finalmente tienen que ser enmendados en el Congreso muchas veces a petición de los propios parlamentarios de la Alianza, como en el caso del bono ‘Bodas de Oro'», advierte Lobos.

La ex asesora de la Dipres agrega que incluso, en ocasiones, se han realizado anuncios sin existir una cuantificación clara del costo fiscal. «Se informan generalidades, pero quedan muchos cabos sueltos que pueden incidir de manera importante en el costo del proyecto. En ese caso, el atraso se puede deber a que Hacienda aún no ha finalizado el informe financiero», señala.

Puntualmente, en los ajustes introducidos al Sipco, el proyecto estuvo finalizado el lunes 14 a primera hora, ingresó al día siguiente al Congreso, pero el informe financiero fue entregado a los parlamentarios después del medio día del martes 15. Según el ex ministro y actual asesor de Chile 21, Francisco Vidal, las demoras radican básicamente en razones presupuestarias.

«Existe una profunda contradicción entre el programa de Gobierno y las metas de balance fiscal que se autoimpuso el Ministerio de Hacienda», afirma el ex secretario de Estado.

En agosto del año pasado, el jefe de las finanzas públicas, Felipe Larraín, se comprometió a reducir el déficit estructural desde un 3,1% a un 1% hacia fines de la actual administración.

Para la directora ejecutiva de la Fundación Chile 21, María de los Ángeles Fernández, el Gobierno está resolviendo la señalada contradicción a través de la «letra chica» en una serie de proyectos, tal como ocurrió con el posnatal.

«En un principio sería el mismo beneficio para todas las mujeres pero luego se realizó una segmentación, obviamente con el fin de reducir el gasto fiscal», afirma.

A juicio de Vidal la única forma de resolver esta problemática es elevando la carga tributaria de las empresas en forma permanente, modificación que le permitiría al fisco contar con mayores recursos. «El Gobierno está en un zapato chino. Obviamente los Grupos Tantauco habían avanzado mucho en las propuestas y los atrasos registrados sólo radican en dificultades presupuestarias, que seguirán existiendo mientras no se abra una discusión impositiva seria y profunda», dice.

Fuente: El Mercurio

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