Publicamos la entrevista de La Tercera al rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, casa de estudios con la que Cieplan tiene un convenio de cooperación.
El rector de la U. de Talca, Alvaro Rojas, integra el directorio del consorcio de Universidades Estatales (Cuech). A diferencia de algunos pares, plantea públicamente una visión crítica sobre la reforma a la educación superior. Cuestiona que se comience por una parte de esta: la gratuidad. Y lamenta que se haga vía Ley de Presupuestos.
¿Estamos preparados para la gratuidad universal?
Es un deseable, para quienes tenemos una mirada del Estado como garante de derechos. Pero no puede ser una prioridad dar gratuidad para todos hasta que no estén resueltos problemas sociales más agudos de vivienda, salud y seguridad ciudadana.
¿Es un riesgo poner esta política en la Ley de Presupuestos?
La reforma a la educación superior es un tema que requiere de un estudio y estamos viendo opiniones muy dispares en la sociedad. La reforma requiere de un consenso ciudadano para su viabilidad y su perdurabilidad más allá de un gobierno, porque es una política de Estado. Y me parece que iniciar la reforma con la gratuidad sobre la base de una glosa en la ley de presupuesto no garantiza que la reforma pueda estar en los próximos años.
¿Cree que la ley que reformará la educación superior puede demorar más allá de 2016?
Todo indica que en un año difícilmente se va a poder tramitar la reforma a la educación superior con el análisis que se requiere. Y 2017 va a ser un año electoral. No me parece hacer transitar una reforma tan profunda vía glosas en una ley de presupuesto, porque la educación superior se merece un tratamiento justo y adecuado, nos merecemos una ley para discutir los temas de educación superior y no una glosa presupuestaria.
¿Por qué?
En la tramitación de la Ley de Presupuestos yo tengo una experiencia cuando fui ministro (de Agricultura). Se discute hasta altas horas de la noche, con no siempre plena participación de todos los parlamentarios, a última hora empiezan a hacerse ajustes por recursos que faltan en otros sectores. El resultado que se va a tener de esa discusión parlamentaria no garantiza, pese a la voluntad del legislador, un resultado que sea adecuado con las expectativas que tenemos todos respecto a esa ley.
¿Qué propone?
Me parece que debemos meditar muy bien respecto de cuáles son las bases fundamentales de la educación superior, donde la gratuidad es un componente de ella, la calidad es otro componente, el gobierno universitario otro aspecto. La discusión se está restringiendo a una distribución de recursos, de quiénes acceden a estos recursos y cuáles son las normas mínimas de entrada que es la acreditación y no lucro, etc. Esto para las universidades estatales es muy nítido, pero para las universidades privadas por cierto que no.
¿Falta más seriedad en la discusión de educación superior?
No podría decir que la discusión no sea seria, la discusión llevada exclusivamente a la gratuidad genera una serie de incertidumbres y las instituciones de educación superior necesitan certezas, estabilidad de mediano y largo plazo. La mirada de la universidad debe estar en el mediano y largo plazo y en estas condiciones es muy difícil planificar, es muy difícil saber cuál es la certeza de los recursos que vamos a tener, las reglas en las que nos vamos a desenvolver y eso dificulta cualquier planificación estratégica o proyección. Se nos ha dicho que no van a haber cambios desde el punto de vista de los niveles de financiamiento, pero las formas en cómo se accede, las condiciones es un tema que no está resuelto por la política pública.
¿Falta más plazo pre legislativo?
Los errores que se puedan cometer serán muy difíciles de revertir. Se requiere una discusión mucho más afinada.
¿Qué piensa de las críticas a la gratuidad?
Pese al cónclave, ya hay detractores, hay menor exigencia para las privadas, mayores exigencias para las públicas, hay condiciones de inequidad en la implementación y son temas que esperamos que se aclaren para saber a qué atenernos.
¿La deuda en calidad es por falta de voluntad política o porque ha primado la presión del mercado?
Ha primado el mercado y una tremenda capacidad de lobby. Usted puede hacer el ejercicio y yo desafío a que comparen los indicadores que se exigen a las Ues. públicas, que tienen cinco años de acreditación, como la U. de Talca o la U. de La Frontera, con Ues. que no son estatales, que se les han dado acreditación igual y comparen lo que se ha exigido a unos y otros.
¿A qué atribuye esa diferencia?
Sin duda que hay personas que están más expuestas y con más capacidad de reclamar. Nosotros no vamos a hacer lobby, no vamos a salir a reclamar en la televisión, no tenemos acceso a ello, no estamos y no nos movemos dentro de la elite, donde podemos predicar todos los días. Hacemos el trabajo que le corresponde a todo servidor público, que es hacer las cosas bien para nuestros estudiantes, muchas veces en zonas con alta pobreza.
¿Los cambios en el porcentaje de la cobertura de gratuidad fue producto de presiones?
Siempre se ha pensado que el Cruch es una gran fuente de lobby y de poder, pero yo debo decir que hay personas que están en la industria de la educación que hacen más lobby, abren puertas. No hay institución más discriminada que las universidades públicas y sobre todo las de regiones.
Las Ues. privadas han hablado mucho de discriminación…
Nunca las Ues. públicas han reclamado la discriminación, nunca han puesto a los estudiantes pobres como escudo humano, pese a que tenemos la mayor matrícula proveniente de colegios municipales, para defendernos. Hemos aceptado las condiciones que se nos han impuesto, hemos tratado de desarrollarnos y obviamente hay muchas cuentas pendientes, pero nos enorgullecemos de haber mantenido en alto la bandera de la educación pública de calidad en territorios donde nadie más atiende a esos estudiantes.
Fuente: La Tercera
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