Autor: Alejandro Foxley
Fuente: La Segunda

En estos días hemos sido testigos de la excelente presentación en La Haya de los argumentos con que Chile cuestiona la competencia del Tribunal para dar cuenta de la petición boliviana de obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar, desconociendo el Tratado de 1904 que definió, con acuerdo de las partes, la frontera entre ambos países.

La política exterior de Chile ha tenido siempre dos características principales: apoyar el fortalecimiento de un sistema jurídico internacional respetando siempre los tratados de los cuales ha sido signatario. 

Y, segundo, promoviendo activamente el diálogo, particularmente con los países que constituyen la comunidad latinoamericana, y, desde luego, con los países vecinos.

Esos diálogos con países de la región han sido constantes tanto en el ámbito multilateral y, desde luego, en el bilateral. Los diálogos en que ha participado nuestro país ha tenido como objetivo la búsqueda de áreas de un interés común con el país interlocutor, así como el avanzar en una mayor integración entre nuestras economías. 

En el caso de la relación con Bolivia, por muchas décadas Chile ha sido activo en llevar adelante diálogos con los diferentes gobiernos bolivianos. Se han definido agendas con numerosos temas de común interés, como la Agenda de los 13 puntos que llevamos adelante en el anterior gobierno de la Presidenta Bachelet. En esos diálogos se avanza en los temas en que se ha hecho posible concordar acciones de mutuo beneficio. En otros temas, se han explorado avances que no se han podido concretar por falta de acuerdo de las partes. 

Como lo señala un documento de Cancillería “el diálogo es consustancial con las relaciones pacíficas” y que “la negociación es el más usado mecanismo de solución pacífica de controversias. Sin embargo, ese principio no obliga a las partes a llegar a un resultado definido”.

Bolivia procura que la Corte concluya, ante la demanda boliviana, que “existe una obligación de resultados” es decir una vez iniciado el diálogo o negociación bilateral, si una de las partes plantea que su objetivo es que se negocie acceso soberano al mar, como lo hace Bolivia, Chile estaría obligado a sentarse a negociar una fórmula que no está contemplada en el Tratado de Límites de 1904. Es decir, se está pidiendo a Chile alterar, en contra de su voluntad el Tratado de Límites vigente entre ambos países por más de cien años.

Ese es el tema de fondo. Pero, como lo ha reiterado el gobierno de Chile en su presentación ante el Tribunal de La Haya, hay además una cuestión de competencia del Tribunal: el Artículo VI del Pacto de Bogotá, suscrito por ambos países afirma que no corresponde a este pronunciarse sobre Tratados acordados y firmados por los países antes de la vigencia del Pacto de Bogotá, es decir 1948.

El gobierno de Bolivia ha reiterado en días recientes que, independiente del fallo del Tribunal, continuará denunciando a Chile y su gobierno por incumplimiento de una supuesta obligación. Es decir, se buscará polarizar y convertir en un conflicto político lo que debiera ser una controversia jurídica. 
¿Cómo se debiera enfrentar ese escenario post La Haya? El desafío para nuestro país será el de fortalecer, como objetivo de primera prioridad, un movimiento hacia una integración más efectiva y visible que en el pasado, con los países de la región y especialmente con, los de Sudamérica. 

Lo que hace falta, tal vez, es acentuar las dimensiones de la integración que sean más eficaces, más allá de los acuerdos o declaraciones formales. Se trata de crear crecientes intereses compartidos, así percibidos por sectores mayoritarios en nuestros países, en que a través de la cooperación se demuestre que todos ganan una vez que se muestran resultados que generan más bienestar y mejores empleos en los países involucrados en estos acuerdos. 

Pero la dimensión de la integración donde menos se ha avanzado en América Latina respecto de otras regiones en el mundo como Europa o las economías del Asia, es precisamente en la integración productiva. Un reciente informe del Banco Mundial sostiene que América Latina subutiliza su potencial de complementariedades entre sus cadenas de producción, por lo tanto, de su propia capacidad de generar más empleos para sectores mayoritarios que así lo demandan. 

Este no es un argumento meramente tecnocrático. La integración ha probado ser una fuerza dinámica y movilizadora de voluntades que facilita los entendimientos políticos entre naciones, y la superación de conflictos históricos, como lo demuestra con creces la experiencia europea. 

La relación de Chile con Perú evoluciona en esa dirección. Las inversiones recíprocas, en ámbitos crecientes de actividades productivas, están creando intereses compartidos entre un sin número de actores significativos de ambos países. Estos avances hacen más viable instalar una agenda ambiciosa de integración multidimensional a futuro. Es un enfoque que hay que profundizar además de Perú, con otros países de la región, incluyendo por cierto los países vecinos como Argentina y Bolivia, además de Brasil, actor catalizador clave para moverse en esa dirección.