Autor: Raúl E. Sáez
Fuente: La Tercera
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la cual Chile pertenece desde 2010, es un referente en materia de buenas prácticas en diversos ámbitos. Es una instancia donde los 37 países que la conforman debaten sobre las mejores políticas públicas para hacer frente a los desafíos económicos, sociales y ambientales que enfrenta el mundo moderno. Sin lugar a dudas, la industria pesquera no está ajena a esta realidad.
Se revisaron las políticas y prácticas pesqueras de un grupo de 16 países miembros de la OCDE, representativos de distintas áreas geográficas del mundo y que cuentan con un sector pesquero relevante, tales como EE.UU., Canadá y México en Norteamérica; Reino Unido, Noruega, Islandia, Dinamarca y Holanda en el norte de Europa; Francia, España y Portugal en el sur europeo; Corea del Sur y Japón en el sudeste asiático; y Australia y Nueva Zelandia en el Pacífico occidental. Estos países, más Chile, contribuyeron con el 92% de las capturas en toneladas de la OCDE en 2015. Además se incluyó en el análisis a Perú y Argentina, en calidad de países observadores en este organismo.
No parece oportuno desglosar la totalidad del análisis en este espacio, pero sí revelar las tres principales conclusiones que arrojó la investigación en relación a Chile.
En primer lugar, se debe destacar que nuestro país es de los pocos que aún no ha implementado programas de recuperación de pesquerías sobreexplotadas, como lo mandata la ley. La excepción la constituye la pesquería del jurel, hoy recuperada, que cuenta con un programa establecido en el marco del Comité Científico de la Organización de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), adoptado por Chile. Pero es una realidad que nos encontramos al debe en esta materia.
La segunda conclusión tiene relación con el uso de licitaciones como mecanismo de asignación de derechos de pesca. Chile es el único país del total analizado que cuenta actualmente con un sistema de licitaciones de 15% de los derechos en pesquerías industriales reguladas, con cuotas globales e individuales de pesca. Nueva Zelandia y Estados Unidos han utilizado este mecanismo de manera excepcional, en pesquerías nuevas o de pequeña escala.
La tercera conclusión nos alerta respecto a decisiones que podrían alejar aún más a Chile de las prácticas OCDE, contenidas en el denominado proyecto de Ley Corta enviado al Parlamento para su consideración. En los países miembros de la OCDE, las licencias de pesca son indefinidas o temporales. En este último caso, siempre se contempla un sistema de renovación. El licitar el 100% de ellas al término de su vigencia, lo que no realiza ningún país OCDE, solo profundizaría el alejamiento de las prácticas de manejo pesquero de los países analizados.