Acuerdos subterráneos
En tiempos de campaña la tendencia natural es a la polarización del debate público, pues los diferentes sectores políticos están ante la obligación de diferenciarse frente a los votantes, que tienden a ver a los candidatos como parte de un mismo paquete. Sin embargo, en las últimas semanas se han venido conociendo algunos acuerdos horizontales, construidos pacientemente en cenáculos protegidos de la contingencia política. El más reciente es la propuesta para la reforma del Estado, surgida de un consorcio de los principales think tanks y universidades del país. Y hace algunas semanas se dio a conocer el resultado del "Foro Transversal para la Modernización Estatal en Seguridad Publica", realizado bajo el amparo de la Fundación Paz Ciudadana.
Pensar la mejor manera de encarar la seguridad pública es una muy buena inversión. Es el tema de mayor prioridad para la gente, especialmente entre los grupos más pobres y vulnerables, que son los más afectados por la delincuencia, los que tienen menos capacidad de recuperación cuando son afectados, y los que tienen mayor probabilidad de caer ellos mismos en la criminalidad -y con ello en la cárcel, lo cual condena a las familias por varias generaciones-. Sin embargo, la manera como nos aproximamos a esta cuestión es más emocional que racional, con el foco puesto más en las consecuencias que en la causas.
Históricamente ha existido una profunda fractura ideológica en la mirada que se tiene frente a este tema. Gruesamente, mientras la derecha pone el acento en el control del delito y la mano dura hacia los delincuentes, la izquierda prioriza la prevención del delito y la atención a sus causas estructurales. En los últimos años -en buena hora-, esa separación se ha quebrado. Hoy vemos una convergencia en torno a tres principios: primero, la necesidad de un enfoque sistémico, que aborde prevención, control y rehabilitación-reinserción; segundo, la necesidad de desarrollar políticas basadas en experiencias empíricas; y tercero, la necesidad de un enfoque multidisciplinario, donde se confunden abogados con su sesgo normativo, economistas con su sesgo racional-instrumental, y sociólogos con su sesgo especulativo.
La seguridad ciudadana se ha transformado, por fin, en un tema de todos y en el que impera un lenguaje común. En esto han influido la experiencia internacional, el énfasis que han puesto los diversos gobiernos en el diálogo sobre la materia, y la labor señera de la Fundación Paz Ciudadana. Todo esto permite hoy un enfoque más plural y racional y con mayor base empírica, y alcanzar consensos como los del Foro.
La inspiración básica del Foro fue observar que la inversión de recursos materiales y humanos en seguridad pública se ha multiplicado extraordinariamente, pero queda la duda si esto va de la mano con un adecuado desarrollo intelectual, institucional, de diseño de políticas y de control y evaluación de las mismas. De no ser así, la amenaza es que la "política de seguridad pública" se transforme en un silencioso Transantiago.
Las propuestas del Foro de Seguridad Pública responden adecuadamente a esa inquietud. Si éstas se suman a la propuesta para la reforma del Estado, lo que hay es una agenda suficiente para inspirar el quehacer en dos campos estratégicos en los próximos diez años, cualquiera sea el signo político de los próximos gobiernos. Ojalá que las candidaturas presidenciales, así como los diversos actores sociales involucrados, discutan estas propuestas para corregirlas o perfeccionarlas. Sería una gran noticia para Chile.
