Desgraciadamente, la forma como se dio a conocer el Reporte Global de Corrupción 2009 de Transparencia Internacional (TI) ha impedido una reacción más reflexiva por parte de nuestras élites. Pero aún hay tiempo.
Partamos por reconocer que TI es una institución de altísimo prestigio en todo el mundo, ganado por su rigor, su ecuanimidad y su capa-cidad para resistir las presiones. Sus reportes hacen temblar a gobiernos, organismos multilaterales y empresas. No es para menos, pues ellos pueden afectar críticamente su reputación. De hecho, los índices de TI en materia de corrupción son utilizados como indicadores sagrados cuando se trata de medir la competitividad de los países, o su aptitud para acoger y desarrollar actividades empresariales, o la calidad de su gobernabilidad democrática, y también a la hora de apreciar la integridad de las empresas. Organismos como el Banco Mundial usan sus estándares para definir políticas hacia los países que ayudan y para evaluar su desempeño. Lo mismo hacen los países en lo que respecta a sus agendas domésticas de lucha contra la corrupción y por la transparencia. Así lo ha hecho Chile, por ejemplo, cuya acción en este campo ha estado directamente inspirada en el trabajo y las recomendaciones de TI, las que han sido compartidas por Gobierno y oposición.
TI emite cada año un Reporte Global, el cual revisa la situación general de la corrupción en un elevado número de países (entre ellos Chile), y pone atención cada vez en un aspecto particular. Así como en otros años se ha concentrado en la situación del Poder Judicial o del Gobierno, el 2009 lo hizo en las prácticas del sector privado.
En 2009 Chile cae un punto (de 22 a 23) en el ranking de corrupción. Mala noticia. En parte obedece a las deficiencias que observa TI en el “gobierno corporativo y el control reglamentario” de las empresas chilenas, lo que ha conducido a que “accionistas mayoritarios se enriquezcan a costa de los inversionistas minoritarios”, lo cual a largo plazo “incrementa el costo de capital, desalienta a los inversionistas, propicia la especulación e incrementa la volatilidad de la bolsa”.
Éste es el tema que debiéramos estar debatiendo hoy en Chile, pues se trata de un asunto —como el propio TI lo destaca— que afecta “la reputación comercial del país en el exterior”. Pero no; no es esto lo que estamos discutiendo.
Lamentablemente, todo nuestro debate se ha puesto en cuestiones laterales. Si correspondía o no mencionar a Sebastián Piñera —que es uno de los muchísimos nombres mencionados en el reporte—. Si lo suyo fue “no observar el deber de abstención que pesa sobre quien tiene acceso a información privilegiada” (como señala la SVS) o fue “uso de información privilegiada”, como dice TI. Si el directorio del capítulo chileno visó el reporte. Si hubo una maquinación orquestada desde el Ministerio de Hacienda para perjudicar a Piñera. O si el comando de Frei estaba o no informado con semanas de anticipación de su publicación y de sus alcances, y lo hizo coincidir con el debate presidencial.
Parece que hubiera interesados en que los árboles no dejen ver el bosque. El reporte de TI se refiere a hechos que realmente pasaron. Y la mención a Piñera es gravísima, pues lo afecta como persona y afecta al país, ya que podría ser el próximo Presidente de la República. Esto explica que TI lo aluda, en un velado reproche a los estándares con que la sociedad chilena trata este tipo de situaciones. Todo esto afecta la reputación de Chile, la misma que nos ha costado tanto crear y proteger. Esto, y no otra cosa, es lo que debiera preocuparnos.
