Autor: Manuel Marfán
Fuente: La Tercera
Está en discusión si el impuesto de 5% a los salarios con cargo al empleador debería ir a las cuentas individuales de los trabajadores o a financiar un fondo solidario de pensiones. Compartimos algunas reflexiones al respecto.
1. Para los economistas el tema de la incidencia de los impuestos (quién paga al final de cuentas) es determinante para la economía política de los tributos. En el caso particular de un impuesto a los salarios, la respuesta depende de la sensibilidad relativa de la oferta y de la demanda de trabajo a los precios (el concepto se llama elasticidad precio de la oferta y la demanda). Entendemos que el Ministerio de Hacienda ha encargado un estudio técnico para la estimación de estas elasticidades en Chile, y que probablemente (esperamos) se hará público.
Estimaciones similares para otras economías muestran que la elasticidad de la demanda de trabajo es significativamente superior a la elasticidad de la oferta. En la práctica esto significa que, si ése fuera también el caso de Chile, el impuesto del 5% lo pagaría principalmente el trabajador, y el empleador lo haría en una proporción menor. Aunque el impuesto deba ser pagado por el empleador, la incidencia del impuesto es mayor sobre el sueldo líquido y menor sobre los costos laborales de las empresas.
2. Las economías de la Ocde cotizan, en promedio, en torno a un 19% del sueldo imponible. Chile lo hace sólo en 10% (una grave falla de origen del sistema). Esa es la principal razón de por qué el sistema paga malas pensiones (y aún peor para los que aportaron con lagunas durante su vida laboral). Chile debiera encaminarse gradualmente a alcanzar estándares Ocde en su tasa de cotización para lograr pensiones más dignas. Lo que sí parece cuesta arriba es que los asalariados paguen, al mismo tiempo, una cotización elevada para su propia pensión y, además, paguen para financiar el fondo solidario.
3. Tenemos en Chile una bomba de tiempo que está empezando a mostrar chispas. Bajas tasas de cotización, lagunas en los aportes, diferencias entre el salario efectivo y el imponible (el Estado ha sido gran culpable de esto por años), y una masa de personas sin cotizaciones. Todo eso conduce a una vejez indigna y a un problema ético-político grave que deberá ser abordado por el Estado en nombre de todos. De allí que la idea de mejorar las pensiones solidarias sea buena. Pero ese es un problema del conjunto del país, por lo que el fondo solidario debría ser financiado con cargo a los ingresos generales de la nación. También habrá que cargar la mano sobre los cotizantes, elevando (duplicando) sus cotizaciones, pero para que financien sus propias pensiones.
4. Como hemos señalado en otras oportunidades, la ventaja del sistema de cuentas individuales es que hace más difícil que el sistema sea capturado por intereses corporativos y grupos de presión. La desventaja es que carece de componentes solidarios, los que tienen que ser aportados por el Estado (ojalá con la mayor transparencia y trazabilidad). No hay ninguna razón técnica ni de sentido común de por qué ese esfuerzo del Estado debe ser financiado preferentemente por los trabajadores asalariados que sí cotizan.